Varias autoridades, entre ellas la jefa de Gabinete Civil de la presidencia, Lea Giménez y la rectora de la UNA, Zully Vera, formaron parte de la conferencia sobre Arancel cero esta tarde. Fernando Romero
En un intento por disipar las dudas y calmar las aguas, el Poder Ejecutivo reiteró su compromiso de brindar un “blindaje” al programa Arancel Cero, asegurando que este se mantiene como un “gasto prioritario del Estado”.
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Fue la jefa de Gabinete Civil de la Presidencia, Lea Giménez, quien hizo este anuncio luego de una reunión con autoridades como la rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Vera, y algunos representantes estudiantiles.
Según Giménez, el Arancel Cero “viene totalmente fortalecido con todos los instrumentos que contamos; ese es el espíritu original que salía del Presidente de la República”.
En la misma línea, el viceministro de Educación Superior y presidente del CONES, Nelson Mora, respaldó estas declaraciones al asegurar que el Arancel Cero es un “instrumento central para el acceso y permanencia de nuestros estudiantes”, por lo que se encuentra plenamente garantizado.
Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos, estas afirmaciones del Gobierno fueron rápidamente rechazadas por varios voceros de las manifestaciones y tomas que mantienen distintas facultades de la UNA.
Los manifestantes aseguraron que los estudiantes presentes en la reunión no los representan y, por ende, no estarían levantando las medidas de fuerza que mantienen en reclamo por el Arancel Cero.
“Las medidas de fuerza paro y toma no se levantan hasta que el Arancel Cero sea garantizado; el proyecto Hambre Cero no puede ser reglamentado y sí lo hacen vamos todos al campus para decidir juntas qué medidas tomar”, advirtieron algunos manifestantes al medio ABC.
Esta postura refuerza el rechazo estudiantil a la Ley Hambre Cero, promulgada recientemente, y su consigna de “rechazo a la ley HC” (Honor Colorado).
Los estudiantes temen que el financiamiento del Arancel Cero, a través de Recursos del Tesoro, no esté asegurado a largo plazo y exigen garantías sólidas para su continuidad.
A pesar de los intentos del Gobierno por calmar las aguas, las protestas continúan en distintas facultades de la máxima casa de estudios, en reclamo por el acceso gratuito a la educación superior.
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