Ruta. Santiago Peña trazó objetivos y avanza en los proyectos económicos y sociales. Dardo Ramírez.
Con el polémico ciclo de la Ley Hambre Cero aún sin cerrar, el Gobierno del presidente Santiago Peña ya ha fijado su mirada en dos grandes proyectos que forman parte de la siguiente etapa de su agenda legislativa: la reforma del sistema de jubilaciones y la tan esperada ley del servicio civil.
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Si bien las movilizaciones estudiantiles en rechazo a la desfinanciación del programa Arancel Cero continúan, el Ejecutivo ha decidido avanzar con estos dos proyectos de gran impacto en el sector público.
Como lo anunció el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, el proyecto de ley de la Función Pública y la carrera del servicio civil será tratado próximamente en el Congreso.
De hecho, para mañana se prevé en el orden del día del Senado el proyecto que regula la organización administrativa del Estado, anticipando cambios en el funcionamiento de los 17 ministerios, 19 secretarías y todos los organismos estatales.
Posteriormente, se dará impulso a la ley del servicio civil, una normativa que, según aseguran desde el Gobierno, corregirá los vacíos de la Ley 1626/2000 “De la Función Pública” y proporcionará herramientas para ordenar la carrera del servidor público.
La iniciativa busca establecer sistemas de ingreso, ascenso y promoción en razón del mérito dentro del servicio público, generando expectativas y alertas entre los funcionarios estatales.
Desde el Ejecutivo sostienen que tanto el proyecto de organización administrativa como el de servicio civil apuntan a ordenar las instituciones públicas y mejorar el marco legal de la carrera funcionaria.
Una de las medidas más trascendentales anunciadas por el Gobierno es la reforma de la Caja Fiscal, que Valdovinos adelantó comenzarán a trabajar una vez aprobada la ley del servicio civil, prevista para este mes.
El ministro argumentó que el dinamismo económico y el control macroeconómico ayudan al propósito de alcanzar una calificación más alta para el grado de inversión del país, y en ese sentido, la reforma del sistema de jubilaciones es prioritaria.
Detalló que el déficit de la Caja Fiscal cuesta cerca de 160 millones de dólares al año, cifra que consideró “absolutamente insostenible” y que requiere una reestructuración respetando los derechos adquiridos.
“Necesitamos repensar las partes débiles que tiene, respetando los derechos adquiridos, para que sea sostenible esto, porque o sino se van a ir todos los impuestos simplemente en el fondeo de muchas de estas cajas”, advirtió Valdovinos.
Con estos dos grandes proyectos en la mira, el Gobierno de Peña busca ordenar y modernizar el sector público, aunque no se descarta enfrentar resistencias y movilizaciones por parte de los sectores afectados.
Fuente: Última Hora
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