El ministro de Educación, Luis Ramírez, y el presidente Santiago Peña. Presidencia de la República
En medio de las crecientes protestas estudiantiles por la ley de Arancel Cero, el gobierno ha decidido abrir un espacio de diálogo para intentar desescalar la situación y frenar la toma de facultades en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Hasta el momento, ocho facultades han sido tomadas por los estudiantes, quienes exigen garantías sobre el financiamiento de la gratuidad en la educación superior.
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Desde el Ejecutivo, se insiste en que el proyecto de Hambre Cero, recientemente aprobado por el Senado, asegura los fondos necesarios para la implementación del Arancel Cero. Sin embargo, los estudiantes mantienen sus medidas de fuerza, las cuales amenazan con extenderse a otras universidades del país.
En un intento por evitar una escalada del conflicto, el presidente Santiago Peña y el titular del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, acordaron con un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Este abrir una mesa de diálogo este miércoles. Esta iniciativa busca generar un espacio de debate y aclaración sobre el financiamiento de la gratuidad universitaria.
Tras el anuncio de la instancia de diálogo, la Presidencia, junto a los ministerios de Educación y de Economía, emitió un comunicado dirigido a los universitarios, reafirmando que el Arancel Cero se encuentra “plenamente garantizado y blindado”. En el texto, se destaca que esta medida es una conquista de la educación superior que se consolida mediante la asignación de recursos del Tesoro Público, a través de los impuestos.
No obstante, diversos movimientos estudiantiles y consejos directivos de facultades continúan con las medidas de fuerza, cuestionando la ley de Hambre Cero. Argumentan que esta ley establece que la alimentación escolar, ahora gestionada por el gobierno central, se financiará con los antiguos recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), considerados más seguros que los provenientes del Tesoro.
La ley del Arancel Cero, aprobada en 2020, contó con el respaldo del estudiantado en su momento. Sin embargo, la versión final resultó menos universal, beneficiando únicamente a egresados de colegios públicos y subvencionados. Los estudiantes de colegios privados de cuota “baja” quedaron excluidos, y se estableció un estudio de la situación económica de los interesados para acceder a la exoneración del arancel.
Según datos del Viceministerio de Educación Superior, el Arancel Cero representa un costo anual para el Estado de aproximadamente 20 millones de dólares y beneficia a alrededor de 100 mil estudiantes. El viceministro Federico Mora aseguró que la única modificación es la fuente de financiación, sin alterar criterios, formularios, requisitos o montos.
Las facultades tomadas en la UNA incluyen las de Ciencias Sociales, Arquitectura, Ciencias Exactas, Politécnica, Economía, Ciencias Médicas, Ciencias Agrarias, Química, Filosofía y el Rectorado. También se registran protestas organizadas en la Universidad del Este y otras universidades públicas.
Lea más: Estudiantes de la UNA en pie de guerra contra la Ley Hambre Cero
A pesar de las aclaraciones del gobierno sobre la garantía de los fondos hasta 2027, los estudiantes mantienen su desconfianza y aseguran que el financiamiento está en riesgo. La UNA, a través del Consejo Superior Universitario, ha respaldado institucionalmente las protestas, apoyando el cese de actividades académicas y administrativas.
La rectora Zully Vera, quien se encuentra en campaña por la reelección, ha expresado su confianza en la versión aprobada de Hambre Cero. Sin embargo, algunos cuestionan si los paros con acompañamiento de los consejos podrían estar relacionados con una forma de retirar el respaldo a la actual rectora, vinculada al sector docente y al movimiento Honor Colorado.
Fuente: LPO
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