La corrupción en el Poder Judicial ha sido un tema recurrente en los últimos años. En este contexto, la jueza de Sentencia, Mesalina Fernández, ha expresado su opinión sobre la problemática, afirmando que aquellos magistrados que son corruptos lo seguirán siendo independientemente de su nivel salarial.
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En una entrevista concedida a El Observador, la magistrada destacó como positiva la reciente medida adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que solicitó a la Contraloría General el cotejo de correspondencia entre los ingresos y egresos de los jueces. “Es un buen inicio, por lo menos, para la transparencia. Es una buena medida, sobre todo para la confirmación en el cargo”, señaló Fernández.
Sin embargo, la jueza advirtió que la declaración jurada de bienes no garantiza por completo la honestidad de un magistrado. “El que es corrupto no va a poner en su declaración jurada lo que tiene. Finalmente, en la declaración jurada de bienes se puede decir lo que tengo, pero eso no te garantiza 100% que el magistrado es honesto, aunque pueda pasar un examen de declaración jurada de bienes”, enfatizó.
Fernández fue contundente al afirmar que “el que es corrupto, va a ser corrupto, gane 100 millones guaraníes como magistrado”. Esta declaración pone de manifiesto que la corrupción en el Poder Judicial no se erradicará simplemente con aumentos salariales, sino que requiere de un abordaje más integral y profundo.
La magistrada destacó la importancia de que la ciudadanía presente denuncias formales cuando se vea afectada por la corrupción de un juez. “Creo que la Corte inició una buena medida, ¿qué más podía hacer?, controlar sus fallos, su conducta, ver para las confirmaciones, hacer sumarios, pero actuar con base a denuncias.
En la mayoría de los casos, hay chismes sobre qué tal juez es muy corrupto, ostenta esto, aquello. Creo que hay que llevar a un nivel de seriedad, a la gente que le afecta la corrupción de un juez, que lo denuncie”, resaltó.
Las declaraciones de la jueza Mesalina Fernández ponen sobre la mesa la necesidad de abordar la corrupción en el Poder Judicial de manera integral, más allá de las medidas de control y transparencia implementadas por la Corte Suprema.
La participación activa de la ciudadanía, a través de denuncias formales, se vuelve fundamental para combatir este flagelo que socava la credibilidad y la confianza en el sistema de justicia paraguayo.
Fuente: El Observador
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