Petróleos Paraguayos (Petropar) inició en diciembre pasado una demanda ante un juzgado civil y comercial de la capital contra la empresa AP SA, propiedad de Andrea Lafarja Bittar, con el objetivo de cobrar los USD 1,5 millones correspondientes a la garantía de mantenimiento de oferta de la fallida compra de gasoíl. Sin embargo, desde que el juez Arnaldo Martínez Rozzano admitió la demanda el 13 de febrero, la estatal no ha realizado las gestiones necesarias para que el proceso avance.
La falta de impulso procesal por parte de Petropar ha generado sospechas sobre un posible intento de obstaculizar el juicio. Según indica ABC Color, el medio intentó obtener una explicación por parte del titular de la estatal, Eddie Jara, y otros funcionarios de la dirección jurídica, pero no se ha recibido respuesta alguna hasta la mañana de hoy.
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La empresa AP SA, que debía pagar la garantía de USD 1,5 millones tras la rescisión del contrato, se había adjudicado la compra de más de USD 50 millones de gasoíl a pesar de ser una proveedora de alfombras con un patrimonio de solo USD 915.021. Petropar rescindió el contrato el 3 de noviembre del año pasado alegando que la empresa no presentó la póliza de fiel cumplimiento y admitió, mediante una nota, que no podría cumplir con el precio ofertado.
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Además de la falta de capacidad financiera, la dirección de la empresa de Lafarja nunca pudo ser encontrada en las direcciones proporcionadas en el contrato firmado con Petropar y en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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La inacción de Petropar en este caso ha generado serias dudas sobre la transparencia del proceso y la posibilidad de que altas autoridades del Gobierno estén dando indicaciones para frenar y obstaculizar el juicio. Es fundamental que la estatal brinde explicaciones claras y tome las medidas necesarias para impulsar el proceso judicial y recuperar los fondos públicos comprometidos en esta fallida contratación.
Mientras tanto, la empresa demandada aún no ha sido notificada debido a la falta de impulso procesal por parte de Petropar, lo que genera aún más interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de esta aparente inacción en un caso de gran relevancia para los intereses del Estado y la ciudadanía.
Fuente: ABC Color.
