La Empresa Brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional (ENBPar) recurrió a la Justicia Federal del Estado de Paraná en un intento por resolver el estancamiento tarifario en el marco de la Itaipú Binacional, conflicto que enfrenta a Brasil y Paraguay. Esta medida busca establecer el pago de USD 59,39 millones por el suministro energético producido por la represa en enero, cifra que refleja la intención del Gobierno brasileño de mantener o incluso reducir la tarifa a USD 16,71 kW/mes para el presente año.
Medios como Valor Econômico y Poder360 informaron que la falta de un acuerdo formal y la expiración del último término de compromiso el 31 de diciembre de 2023, no impidieron que Itaipú siga operando ni que la ENBPar continúe con la comercialización de la energía. Sin embargo, la ausencia de un respaldo legal y contractual para dicha comercialización llevó a la empresa estatal brasileña a buscar una solución judicial.
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La ENBPar justificó su acción legal destacando la necesidad de considerar un valor provisional para el Costo Unitario de los Servicios Eléctricos (Cuse) de USD 16,71 kW/mes, tarifa vigente en Itaipú durante 2023, mientras se alcanza un nuevo acuerdo. La entidad señaló que existe un lapso de dos meses entre la venta de energía y la transferencia de los fondos recaudados, lo que motivó esta medida judicial.
La situación refleja la creciente tensión entre las autoridades de Paraguay y Brasil. A pesar de las declaraciones optimistas del director general brasileño, Enio Verri, sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en abril, las negociaciones se vieron postergadas, siguiendo el patrón de retrasos observado en años anteriores, donde la definición tarifaria se extendió hasta agosto.
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La incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones y la definición de la tarifa y el presupuesto para 2024 persiste. Aunque se mencionó la posibilidad de una reunión del Directorio Ejecutivo, Itaipú no emitió comunicación oficial al respecto.
El ingeniero Fabián Cáceres, exgerente técnico de la ANDE, calificó la medida judicial de la ENBPar como “muy dura”, interpretando esta acción como un intento de Brasil de imponer unilateralmente la tarifa provisional, lo que llevó a Paraguay a adoptar medidas similares para preservar el principio de igualdad. Esta estrategia judicial, según Cáceres, constituye un precedente preocupante en la relación bilateral entre los dos países copropietarios de Itaipú, poniendo en relieve las complejidades y desafíos en la gestión de una de las mayores hidroeléctricas del mundo.
Fuente: Última Hora.
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