La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado convocó este día a los abogados defensores del expresidente Mario Abdo Benítez para abordar el pedido de desafuero del exmandatario, que ostenta actualmente la calidad de senador vitalicio. Los letrados aprovecharon la instancia para cuestionar duramente el proceso y denunciar una serie de irregularidades.
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El defensor Enrique Kronawetter manifestó que su representado “no tiene miedo del proceso pero quiere reglas claras” y que se respete el Estado de Derecho. Expresó su malestar porque ni siquiera los investigados tuvieron acceso a la carpeta fiscal sobre el caso.
“Estamos en un Estado de Derecho que se jacta de ser republicano y la transparencia de los actos debe primar sobre cualquier otra cuestión. ¿Cómo vamos a analizar si la puerta de entrada está viciada?”, cuestionó el abogado en referencia a la negativa fiscal de remitir la investigación completa.
En duros términos, Kronawetter arremetió contra la postura del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, calificándolo como “un juez inquisidor” que viola las garantías mínimas del debido proceso al negar la entrega de los documentos solicitados.
“Si el Senado pidió copia sobre la base de un pedido de desafuero, es un acto público. El código establece que no se puede estudiar un desafuero sin tener copias integrales, la Fiscalía tiene la obligación de entregar todo”, agregó.
Por su parte, el también defensor César Trapani denunció una “confabulación ilegítima” entre fiscales y denunciantes, advirtiendo preocupación internacional por presuntas “orientaciones represivas y sesgadas” en esta causa.
Mientras, versiones difundidas apuntan a que el cartismo baraja como opción impulsar un juicio político por pérdida de investidura a Abdo como senador vitalicio, ante la falta de votos para concretar su desafuero.
El senador Basilio Núñez (ANR-HC) consideró “factible” esa alternativa contra el exmandatario aunque matizó que solo son “ideas surgidas en un grupo de WhatsApp” hasta el momento.
No obstante, la posibilidad fue rechazada de plano por la liberal Celeste Amarilla, quien la tildó de “disparate jurídico” por la condición de senador no en ejercicio de Abdo y la falta de delitos que ameriten esa sanción según la Constitución.
Pese a ello, admitió el “temor” existente ante una eventual aprobación por la “mayoría violenta” oficialista dispuesta a “apeligrar las instituciones” según advirtió. Un nuevo capítulo que alimenta la tensión en torno al caso Abdo.
Fuente: ABC Color
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