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La decisión de la jueza de Luque, Jennifer Ynsfrán, de decretar la prisión preventiva de Oscar Manuel Pintos Ferreira, un joven indígena de 21 años, por el hurto de embutidos en un local de Biggie, ha generado controversia. La medida, solicitada por la fiscala Cecilia Inés Núñez, se basa en el supuesto peligro de fuga y obstrucción a la investigación por parte del imputado.
Según el acta de imputación, el 29 de marzo, Pintos ingresó al local comercial simulando ser un cliente y fue captado por las cámaras de seguridad intentando ocultar embutidos entre sus prendas. Al ser abordado por el guardia, el joven dejó caer los productos y quedó detenido. La fiscala calificó el hecho como hurto, un delito de acción penal pública perseguible de oficio por el Ministerio Público.
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Durante la audiencia de imposición de medidas, la defensora pública Liz Paola Mongelos cuestionó la arbitrariedad en la utilización de los recursos del Estado para privar de libertad a una persona por la sustracción de chorizos. Además, destacó que ni siquiera el propio afectado presentó una denuncia. La defensa planteó una excepción de falta de acción y se opuso al inicio formal del procedimiento, solicitando la eximición de medidas cautelares para su representado.
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Sin embargo, la jueza Ynsfrán hizo caso omiso a los argumentos de la defensa y decretó la prisión preventiva del imputado, alegando que el peligro de fuga está latente por la falta de arraigo del procesado y que la investigación es incipiente, por lo que el encausado podría destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, así como influir en los testigos.
Fuente: El Observador.
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