Exfuncionarios del gobierno anterior levantaron acusaciones contra el Ministerio Público por lo que consideran una extracción irregular de datos de sus correos electrónicos, relacionada con la investigación en curso del expresidente Horacio Cartes.
Los exministros René Fernández, Carlos Arregui, y Arnaldo Giuzzio, se presentaron ante la unidad del fiscal Néstor Coronel para entregar un documento solicitando información sobre la denuncia que habían formulado anteriormente respecto a la gestión de sus comunicaciones digitales.
Durante una diligencia asociada a la investigación de Cartes por supuesta filtración de secretos gubernamentales, el fiscal Aldo Cantero solicitó judicialmente el acceso a los correos electrónicos de los exfuncionarios, un proceso autorizado por la jueza Cynthia Lovera. Sin embargo, según René Fernández, los implicados no fueron debidamente informados de este procedimiento, lo cual plantea dudas sobre su legitimidad y conformidad con los procedimientos judiciales estipulados.
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Fernández argumentó que la extracción de información no se realizó conforme a las normativas previstas para este tipo de pericias, lo que incluiría la designación de un perito bajo las reglas establecidas y la participación de la defensa en el proceso. Esta omisión llevó a cuestionar la validez de los actos investigativos y la manipulación de la información obtenida por parte del Ministerio Público sin la supervisión adecuada de las partes afectadas.
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Además, los exministros expresaron su intención de solicitar al fiscal Coronel la incautación de los dispositivos móviles del fiscal Cantero y Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, como parte de la investigación. Esta petición busca esclarecer las circunstancias en torno a la supuesta filtración de conversaciones que comprometerían la integridad de la investigación, pero denuncian una falta de acción por parte del Ministerio Público para avanzar en este sentido.
La controversia gira en torno a conversaciones filtradas entre Cantero y Ovelar, que fueron calificadas por los exfuncionarios como un escándalo que compromete la objetividad y la transparencia del sistema de Justicia en Paraguay.
Fuente: Última Hora.
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