El contralor general Camilo Benítez. Gentileza
La labor de la Contraloría General de la República en cuanto al control de las Declaraciones Juradas presentadas por los funcionarios públicos enfrenta desafíos significativos debido a la falta de acceso directo a la información, según lo expresado por el contralor General, Camilo Benítez, en una entrevista con Ñandutí.
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Benítez señaló que el proceso de verificación de la veracidad de los datos declarados y del crecimiento patrimonial de los funcionarios al ingresar y salir de la función pública se ve obstaculizado por las limitaciones en el acceso a la información, una problemática que la institución ha denunciado durante años.
A pesar de que la Contraloría ha incrementado significativamente el número de exámenes realizados anualmente, pasando de 12-15 a 300, el contralor enfatizó que para evaluar al universo de altos funcionarios públicos cada cinco años, se deberían llevar a cabo 2 mil exámenes anuales. Sin embargo, la falta de acceso directo a la información dificulta alcanzar esta meta.
Como posible solución, Benítez mencionó un proyecto en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) para desarrollar un software que permita el cruzamiento automático de datos de todos los funcionarios públicos. Este sistema permitiría conocer con exactitud los ingresos, gastos y crecimiento patrimonial de los funcionarios.
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El contralor destacó la importancia de una interconexión entre instituciones, especialmente con la Secretaría de Estado de Tributación (SET), cuya Ley protege la información. Advirtió que el actual sistema siempre fracasará si no se logra acceder a la información patrimonial de las diferentes dependencias del país.
Benítez subrayó que la Contraloría recibe cada año mayores competencias y capacidades, pero su presupuesto va disminuyendo. Ante esta situación, el contralor priorizaría la inversión en tecnología, considerándola más efectiva en términos de costos en comparación con la contratación de más personal, y abogó por la descentralización de la institución.
Fuente: Ñanduti
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