En las dependencias del Tribunal Superior de la Justicia Electoral (TSJE), una cantidad innecesaria de funcionarios fue documentada, sobresaliendo la oficina de Luque por poseer el mayor número de empleados a nivel nacional. Se identificó que esta situación es el resultado de decisiones políticas, que llevaron a un aumento significativo en el número de trabajadores, sin importar su necesidad real o funciones específicas.
En total, se estima que 685 funcionarios, tanto contratados como permanentes, forman parte del personal en aproximadamente 21 oficinas distritales de Central, con un presupuesto anual en salarios que asciende a unos G. 24.660 millones. Esta realidad no es única de Central, sino que se replica a lo largo de las 268 oficinas electorales distribuidas por todo el país.
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La oficina de Luque destaca particularmente, al contar con 135 funcionarios. Dentro de esta cifra, 85 son afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR), mientras que los restantes 40 no poseen afiliación con dicho partido. Esta disparidad refleja cómo las asignaciones y contrataciones fueron influenciadas por la política más que por la necesidad operativa.
Las tareas diarias, incluso las esenciales como los cambios de padrón electoral, son realizadas por un número reducido de empleados. Una funcionaria del PLRA en la mesa de entrada mencionó su dedicación al trabajo, incluso durante periodos de enfermedad, lo que subraya la desigual distribución de responsabilidades.
La mayoría de los funcionarios en Luque son herencia de un conocido líder político local, lo que indica cómo el nepotismo y las redes de influencia política modelaron la estructura laboral de estas oficinas.
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Los funcionarios están divididos en grupos para cubrir diferentes horarios, sin embargo, muchos de ellos carecen de tareas específicas, lo que lleva a situaciones donde los empleados simplemente esperan el momento de su jubilación. Esta inactividad es tolerada, a pesar de las evidentes implicaciones financieras y de eficiencia.
Incluso se reportaron prácticas irregulares en la marcación de asistencia, lo que cuestiona aún más la gestión y la integridad de los procesos internos.
Los costos asociados a esta superpoblación de funcionarios son notables, con más de G. 400 millones mensuales destinados a cubrir salarios, lo que representa una carga significativa para el presupuesto del TSJE.
A pesar de las numerosas denuncias y la evidencia de ineficiencia, los responsables de estas oficinas mostraron poco interés en abordar el problema, lo que sugiere una complicidad tácita con el status quo.
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La situación en Luque es solo un ejemplo de una problemática más amplia que afecta a diversas oficinas del TSJE en todo el país, planteando serias preguntas sobre la gestión de recursos y la ética en la administración pública.
El TSJE solicitó un presupuesto considerablemente alto para el próximo año, parte del cual se destinará a abordar estas ineficiencias.
Fuente: Última Hora.
