Correos compartidos. Foto: ABC.
Una serie de correos electrónicos sacaron a la luz la respuesta de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) frente a las supuestas filtraciones de informes confidenciales, en un periodo crítico que coincidía con las investigaciones sobre el expresidente Horacio Cartes.
Las acciones emprendidas por Seprelad, reflejadas en estos documentos internos, no recibieron la atención debida por parte de los agentes del Ministerio Público, a pesar de su relevancia en el contexto de las acusaciones contra el expresidente Mario Abdo y otros exmiembros de su gabinete.
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El 18 de mayo de 2022, Guillermo Preda, entonces director general de análisis financiero y estratégico de Seprelad y actualmente uno de los imputados, solicitó la activación del protocolo de seguridad ante la emergencia de informes presuntamente confidenciales. Esta solicitud se dirigía a varios colegas de Seprelad, algunos de los cuales también enfrentan procesos judiciales.
Resulta interesante que, a pesar de las alegaciones sobre la filtración de informes confidenciales relacionados con Cartes, un análisis de la actividad de internet de los implicados en los días cercanos a la supuesta fuga de información no mostró anomalías. Este hallazgo, detallado en un correo enviado por Silvia Benavides, parece contradecir la narrativa de una filtración descontrolada.
Además, la documentación revela un circuito de acceso a los informes de inteligencia, que incluye a la Fiscalía, sugiriendo que cualquier filtración pudo haber tenido lugar una vez que los documentos salieron del ámbito de control de Seprelad. Esta posibilidad amplía el espectro de responsabilidad, alcanzando potencialmente al Ministerio Público.
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Los correos internos también muestran cómo Carmen Pereira, otra de las imputadas, respondió a la situación, subrayando los esfuerzos por fortalecer el sistema de seguridad. Estas medidas se tomaron en un periodo crítico, indicado por la Fiscalía como el momento de las filtraciones, lo que sugiere una respuesta activa por parte de Seprelad a la crisis.
Sin embargo, toda esta información contenida en los correos y los informes de auditoría parece haber sido ignorada por los fiscales encargados del caso. Esta omisión plantea interrogantes sobre la integridad de la investigación y la posible existencia de sesgos o negligencias.
Curiosamente, la Fiscalía, a pesar de estar directamente implicada en el circuito de acceso a la información confidencial, no fue sujeta a escrutinio. Esta situación se acentúa con el conocimiento de que figuras clave, como la entonces fiscala general Sandra Quiñónez, accedieron a informes sensibles, sin que esto se tradujera en una línea de investigación.
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La solicitud de una auditoría por parte de Pereira, antes de la denuncia formal presentada por Cartes, destaca la preocupación existente dentro de Seprelad por las acusaciones de filtraciones. Esto, junto con los chats entre el fiscal Aldo Cantero y Pedro Ovelar, sugiere la posibilidad de una vendetta política, utilizando el aparato judicial como herramienta.
Este entramado de correos, acciones y omisiones dibuja un panorama complejo en el que la búsqueda de la verdad parece entorpecida por intereses y conflictos.
Fuente: ABC.
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