DNCP. Foto: DNCP.
Un nubarrón de sospechas se cierne sobre millonarios contratos para servicios de seguridad del Estado paraguayo. Las autoridades investigan presuntos arreglos entre empresas privadas en diversas licitaciones públicas valoradas en decenas de millones de dólares.
Según una reciente denuncia, catorce procesos licitatorios destinados a la contratación de servicios de seguridad, con un monto global cercano a los 50.500 millones de guaraníes (unos 7 millones de dólares), presentarían irregularidades vinculadas a posibles acuerdos colusorios entre los oferentes.
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Las firmas bajo la lupa son TSV del Paraguay SA, Alarmas y Monitoreo SA, Paraguay Security SA y Blue Ocean Company SA. Todas ellas se habrían visto beneficiadas de distintas formas en adjudicaciones de contratos estatales por sumas millonarias.
Un caso que despierta especial suspicacia es la licitación 419935 del Ministerio del Interior, valorada en casi 31.000 millones de guaraníes (4,2 millones de dólares). La millonaria compra, orientada a actualizar equipos del sistema de emergencias 911, fue adjudicada a TSV del Paraguay, pese a que su supuesta rival Blue Ocean también presentó oferta.
Las sospechas surgen al advertirse posibles vínculos entre ambas compañías. Según los organismos de control, el representante legal de Blue Ocean, Juan Carlos Ahrens, figura como consultor de la adjudicataria TSV en su perfil profesional de LinkedIn.
Pero los indicios de presuntas maniobras irregulares no se agotan allí. Las pesquisas detectaron estrechos vínculos entre otras dos firmas del rubro, Alarmas y Monitoreo y Paraguay Security, a tal punto que comparten domicilio, asesores e incluso personal jerárquico.
Un ejemplo es el caso de Martín Sitjar, quien oficia como gerente de Paraguay Security y, hace poco, asumió la representación legal de Alarmas y Monitoreo. Ambas empresas, presuntamente competidoras, también comparten al empleado Enzo Frescura como encargado de defender sus intereses en aperturas de ofertas.
Tal nivel de cercanía entre supuestas rivales resulta altamente sospechoso para los organismos de contralor. ¿Qué grado de confianza justificaría encargar la defensa de intereses comerciales a un mismo individuo, sino existiera un acuerdo previo de coordinación de estrategias?
En términos generales, la colusión implica cualquier arreglo entre empresas competidoras para distorsionar las reglas del mercado en su propio beneficio. Además del arreglo de precios, estas prácticas desleales abarcan un amplio abanico de maniobras dirigidas a eliminar o limitar la competencia.
La investigación busca determinar si, efectivamente, las empresas involucradas incurrieron en acuerdos colusorios violatorios de las normas de defensa de la competencia, acordando reparto de contratos, fijación de precios, distribución de mercados u otro tipo de prácticas monopólicas.
Por ello, la Dirección de Contrataciones Públicas remitió los antecedentes del caso a la Comisión Nacional de Competencia, ente encargado de analizar las presuntas infracciones y aplicar eventuales sanciones a los responsables.
Fuente: Última Hora
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