Foto ilustrativa: Última Hora
La Cámara de Senadores se apresta a analizar hoy un controvertido artículo del proyecto de Ley de Reforma y Modernización de la Policía Nacional. La norma, que cuenta con 284 artículos, plantea en uno de sus apartados permitir que agentes policiales beneficiados con medidas alternativas al proceso penal, como el procedimiento abreviado, puedan continuar en funciones.
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Según la versión consensuada entre el Ejecutivo y el proyecto presentado por el senador Carlos Núñez Agüero, la Comisión de Legislación, presidida por Derlis Maidana, ha incluido en el artículo 69 la posibilidad de que los agentes sigan en carrera pese a ser beneficiarios de una medida alternativa, como el proceso abreviado.
Este procedimiento, previsto en el artículo 41 del Código Procesal Penal, requiere que el procesado admita los hechos punibles que se le imputan y que exista un acuerdo entre las partes. Sin embargo, se cuestiona que esta admisión de culpabilidad no afecte la condición policial del agente involucrado.
La bancada cartista, liderada por Basilio “Bachi” Núñez, ha manifestado su intención de aprobar el proyecto por capítulos y dar media sanción al extenso cuerpo normativo, que en el periodo pasado llevó a más de dos sesiones extraordinarias para su análisis.
Otro de los puntos polémicos del proyecto es la propuesta de que los agentes policiales puedan percibir el haber de retiro y la gratificación anual correspondiente. Sin embargo, esta disposición requerirá el visto bueno de la Comisión de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas, y de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Esta última institución ha planteado que, cuando un proyecto de ley implique la modificación de parámetros y afectación de recursos, se requerirá un dictamen previo positivo de factibilidad por parte de la Superintendencia, en ejercicio de su atribución técnica.
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La discusión en torno a la permanencia de agentes policiales que hayan admitido su participación en hechos punibles a través de procesos abreviados ha generado un acalorado debate.
Mientras algunos sectores defienden esta medida como una forma de mantener la operatividad de la institución, otros la cuestionan por considerar que atenta contra la ética y la imagen de la fuerza pública.
Fuente: ABC Color
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