Una escena de absoluta negligencia ambiental se despliega en la calle Paseo del Yacht casi Lapacho Amarillo, en Lambaré. Allí, una larga hilera de tambores repletos de pilas desechadas, focos fluorescentes y baterías ocupan casi una cuadra entera de la vereda, en un crudo desafío a las leyes y a la salud pública.
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Algunos de estos recipientes presentan perforaciones y tapas faltantes, dejando expuestos los residuos oxidados y el crecimiento descontrolado de malezas. Con cada lluvia, los peligrosos desechos, que contienen metales pesados como el mercurio, hacen contacto con el agua, generando un líquido tóxico que se escurre pendiente abajo hasta desembocar en el cercano río Paraguay.
Esta alarmante acumulación se da frente a la fundación Itá Enramada, cuyo representante, Rubén Figueredo, promovió durante años una campaña de recolección de pilas con el objetivo de llevarlas a una empresa gestora de residuos peligrosos. Irónicamente, Figueredo fue procesado por la mala disposición de los desechos, pese a contar con el apoyo inicial de la Fiscalía de Delitos Ambientales y el Ministerio de Ambiente (Mades).
El pecado de RUBEN FIGUEREDO: haber denunciado el derrame de lixiviado de EMPO, y desparrame de remedios vencidos, jeringas desechadas, agroquimicos, que flotaban en el rio Paraguay. ¿Donde estaba DIGESA, SEAM, MUNI cuando esos residuos flotaban en el río de donde tomamos agua? pic.twitter.com/nDuJXOj0uE
— Rosa Vacchetta (@rosavacchettapy) February 6, 2023
Durante varios días, Última Hora intentó obtener la versión de las autoridades de Lambaré sobre esta grave situación. Sin embargo, el director de Medio Ambiente, Edward Duarte, evitó dar declaraciones, y el intendente Guido González tampoco atendió las llamadas.
La inacción de la Municipalidad de Lambaré se produce en un contexto de total descontrol y falta de clasificación de los desechos. Según relata Figueredo, antes se separaban baterías, pilas de carbón, litio y gas, pero ahora “la gente tira como viene” y no se realiza ningún tipo de clasificación.
Además, la situación se agrava por la presencia de personas en situación de calle que roban las tapas de los tambores, exponiendo aún más los desechos al entorno. Figueredo lamenta no poder intervenir debido a su imputación previa, pese a que la orden judicial es clara en cuanto a la responsabilidad municipal.
La campaña ambiental que Figueredo impulsó durante años fue duramente castigada. Hace dos décadas, realizaba capacitaciones y creó la fundación junto a su familia para concientizar sobre el desecho de pilas. Tenían un convenio con la empresa Enerpy Ambiental S.A. para el retiro, pero la burocracia terminó frenando el proceso.
Irónicamente, Figueredo fue imputado por quienes alguna vez fueron sus aliados, como asistentes fiscales que incluso donaban multas a la fundación para apoyar la campaña. Su proceso judicial se desató luego de denunciar vertidos de lixiviados (líquidos tóxicos) al río Paraguay sin tratamiento previo.
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“Descubrimos que tiraban el lixiviado de la basura de Cateura en el río. Entregamos el video, lo llevamos a la Corte Suprema para mostrar lo que estaba pasando”, relató Figueredo, en referencia a las prácticas de la concesionaria Empo S.A., encargada del relleno sanitario de Cateura en ese entonces.
Según cálculos, cada recipiente acumulado en la vereda de Lambaré contiene alrededor de 450 kilos de basura tóxica, sumando unas 35 toneladas de desechos peligrosos pendientes de retiro. En su mejor momento, la fundación afirma haber llegado a juntar 140 toneladas de pilas, baterías y otras basuras tecnológicas.
A pesar de la existencia de la Ley 5882/2017 “De gestión integral de pilas y baterías de uso doméstico”, que responsabiliza a entes públicos y privados, no se observan lugares de acopio accesibles para la ciudadanía.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) alega la existencia de una “mesa de trabajo” con Mades, municipios y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) para abordar los desafíos de la reglamentación.
Desde el Mades, señalan que la disposición de pilas figura dentro del plan de gestión de residuos que los municipios deben presentar, pero la mayoría aún no lo tiene aprobado. Mientras tanto, la contaminación avanza sin control en Lambaré, donde las autoridades guardan un cómplice silencio ante el grave riesgo ambiental y sanitario que representa esta acumulación tóxica.
Fuente: Última Hora