Una serie de denuncias continuas han surgido en torno a la empresa “Auto Fácil”. Entre las acusaciones destacan contratos engañosos, incumplimiento de plazos y manipulación de la ley según conveniencia.
En el año 2021, la Sra. Mirna Alfonso, coordinadora de víctimas de Mocipar, realizó una denuncia en un grupo de Facebook, señalando que “Auto Fácil” estaba compuesta por varios exintegrantes y procesados por el caso Mocipar, incluyendo al Sr. Orlando Benítez, y que, al parecer, el mismo modus operandi de la firma estaba siendo empleado para atraer a nuevos “clientes”.
Tras estas publicaciones, varios clientes de Auto Fácil, que venían recibiendo evasivas de la empresa, se pusieron en contacto con Alfonso, solicitando su ayuda y conformando un grupo de WhatsApp. Días después, el 14 y 20 de diciembre de 2021, estas personas se manifestaron frente al local comercial de “Auto Fácil” exigiendo respuestas a los representantes.
En febrero de 2022, grande fue su sorpresa cuando se vieron imputados por “incitación a hechos punibles”, incluyendo la Sra. Alfonso, quien no participó en la manifestación. Indican que pudieron identificarlos a través de infiltrados en los grupos privados de las redes sociales que habían conformado.
La agente fiscal de Lambaré, Laura Romero, fundamentó esta imputación en supuestas amenazas lanzadas durante la manifestación. La causa fue presentada ante la jueza de Garantías, Isabel Bracho.
El abogado de los procesados, Gustavo Franco, expresó su preocupación por la falta de una declaración indagatoria antes de la imputación y la rápida emisión de una orden judicial para la imposición de medidas. Además, criticó la falta de citaciones a declarar a los imputados y la falta de consideración de la presunción de inocencia.
Un dato importante revelado por Alfonso es que las personas presentes en la manifestación no se conocían entre sí y solo habían tenido contacto con los vendedores de “Auto Fácil” a través del grupo de WhatsApp que habían formado para organizar sus reclamos.
Aunque la causa fue abandonada para tres de los imputados, algunos negociaron devolver parte del dinero a las víctimas, mientras que otros renunciaron por miedo. Sin embargo, para Mirna Alfonso (a pesar de que la querella en su contra también fue abandonada) y otros manifestantes, comenzó un período de persecución, acoso y hasta una detención, por parte de personas relacionadas con “Auto Fácil”.
El modus operandi de “Auto Fácil” implica la oferta de vehículos usados importados vía Chile a través de redes sociales, con cuotas accesibles, actualmente desde 750 mil guaraníes. Los relatos de las víctimas indican que contactan con los vendedores por redes sociales, acuden a las oficinas para hacer una entrega inicial y firmar un precontrato, dejando datos personales. Aunque se les asegura que su solicitud pasará por un proceso de aprobación y que, en caso de no ser aprobada, se les devolverá el dinero, una vez realizado el pago, la empresa comienza a dar excusas para no cumplir con el acuerdo inicial, ignorando los reclamos de los clientes.
Más de un centenar de testimonios respaldan estas acciones por parte de la firma. Es importante destacar que los afectados suelen ser personas que no podrían acceder a una concesionaria oficial de autos y que, para muchos, resulta más difícil pagar un abogado que asumir la pérdida del dinero entregado.
La respuesta de los directivos de “Auto Fácil” ha consistido en desvincularse de las acusaciones, presentando la empresa como un negocio legítimo que ofrece vehículos a través de cuotas accesibles.
Detrás de la fachada de “Intuición Femenina”, razón social de “Auto Fácil”, se encuentra el nombre del señor Néstor Mareco, como gerente, aunque en los papeles figuran como propietarias las señoras Liz Carolina Gómez Garbulla y Verónica Montserrat Bernal Gómez. Estas últimas, aunque no tienen contacto directo con los clientes, son quienes realizan las denuncias por “Violencia contra la mujer” cuando los clientes van a reclamar.
La medida cautelar aplicada implica una restricción de acercamiento, así como la prohibición explícita de llevar a cabo actos de “persecución o hostigamiento de cualquier índole, ya sea de forma directa o indirecta”. Esto abarca la comunicación en persona, a través de llamadas telefónicas, mensajes vía WhatsApp o en redes sociales. En caso de incumplimiento, se procederá a remitir el caso a la fiscalía por desacato. Es importante señalar que esta restricción también prohíbe a los clientes estafados realizar reclamos o discutir el caso en redes sociales. En resumen, se les impide acercarse a la oficina de la empresa para negociar o abordar el tema, bajo la amenaza de enfrentar acciones legales por desacato.
Las víctimas indican que, al realizar denuncias formales, la fiscalía las desestima o no las tramitan en la comisaría, y denuncian la complicidad de estas instituciones con “Auto Fácil”.
Los clientes que reclaman son amedrentados por los representantes, quienes usan la querella que presentaron contra la Sra. Alfonso, como ejemplo para acallar posibles quejas.
Mirna Alfonso fue declarada absuelta el pasado 29 de febrero, por una causa que presentó en su contra el Sr. Orlando Benitez, cuando el pertenecía a la firma, dos años después, la Jueza Lourdes Peña, manifestó que no sólo no existió el hecho, sino que se evidenció una estafa masiva y que le sorprendía que el Ministerio Público no haya tomado ya acciones.
A pesar de que un grupo de personas ha denunciado a la Sedeco, hasta la fecha no han obtenido respuesta.
Desde el equipo de RDN, decidimos mencionar el caso de la señora Mirna Alfonso, dado su carácter público. No obstante, es importante señalar que las víctimas, quienes nos proporcionaron contratos, actas y notificaciones, no serán mencionadas por temor a posibles represalias.
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