Hugo Fleitas (c), presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). EFE/ Nina OsorioNina Osorio
La Contraloría General de la República ha anunciado el inicio de auditorías a siete gobernaciones del país, generando especulaciones sobre posibles motivaciones políticas detrás de esta decisión.
Sin embargo, Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la Contraloría, ha negado que el ente contralor tenga intenciones de ser utilizado como un “garrote político”.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
En una entrevista con ABC Cardinal, Fernández explicó que las auditorías se enmarcan dentro del Plan General de Auditoría de la Contraloría y que no se trata de una fiscalización dirigida a personas específicas, sino a las instituciones en sí.
Entre las gobernaciones que serán auditadas se encuentra la de Cordillera, que estuvo a cargo de Hugo Fleitas, actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, durante el período 2018-2023.
La auditoría a la Gobernación de Cordillera, que fue solicitada específicamente por la Cámara de Senadores, ha generado especulaciones sobre una posible represalia por parte del oficialismo colorado cartista contra Fleitas, debido a la reciente expulsión del senador Dionisio Amarilla y otros tres senadores “liberocartistas” del Partido Liberal.
Lea más: PLRA denuncia persecución política tras expulsión de Amarilla
No obstante, Fernández enfatizó que la Contraloría siempre ha priorizado los pedidos provenientes del Congreso, así como los del Ministerio Público, el Poder Ejecutivo e incluso las denuncias ciudadanas y periodísticas. Además, destacó que el contralor no tiene la intención de utilizar a la institución como un instrumento de presión política, ya que esto no solo perjudicaría a la Contraloría, sino al país en su conjunto.
En cuanto a la diferencia en el alcance de las auditorías entre la Gobernación de Cordillera y las demás, que durante el mismo período estuvieron bajo administración colorada, Fernández aclaró que en algunas de estas gobernaciones ya se han realizado actividades de control anteriores o incluso auditorías previas.
Por lo tanto, la decisión de no auditar obras en otras gobernaciones responde a que ya se han llevado a cabo acciones de fiscalización en el pasado.
La directora general de Control Gubernamental subrayó que la Contraloría no está enfocando sus esfuerzos únicamente en Cordillera, sino que se trata de un proceso de auditoría integral que abarca diversas instituciones y aspectos, como el cumplimiento de la realización de obras públicas, la provisión de alimentación escolar y el uso de fondos de emergencia durante la pandemia de covid-19.
Ante las especulaciones y cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Contraloría, Fernández reiteró el compromiso del ente contralor de llevar a cabo sus funciones de manera objetiva y transparente, sin ceder a presiones políticas o ser utilizado como un instrumento de persecución contra opositores.
La realización de estas auditorías a las gobernaciones forma parte de las atribuciones y responsabilidades de la Contraloría General de la República, cuya misión es velar por el correcto uso de los recursos públicos y garantizar la rendición de cuentas por parte de las instituciones gubernamentales.
En un contexto de polarización política y constantes acusaciones entre oficialismo y oposición, la labor de la Contraloría adquiere especial relevancia como un organismo independiente y técnico que debe actuar con imparcialidad y apego a la ley.
Fuente: ABC Color
Esta web usa cookies.