Mario Abdo Benítez. Foto: IP.
La jueza Cynthia Lovera admitió la imputación presentada contra el expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus exministros, tras la denuncia interpuesta por Horacio Cartes, actual titular del Partido Colorado, por la supuesta filtración de sus secretos.
Los exfuncionarios públicos imputados, entre los que se encuentran Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, Rene Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira, deberán comparecer ante el Juzgado en las fechas comprendidas entre el 26 de marzo y el 5 de abril para la audiencia de imposición de medidas. Se espera que durante estas comparecencias se presenten las pruebas y argumentos que sustenten las acusaciones en su contra.
En cuanto al exmandatario Mario Abdo Benítez y al actual diputado Mauricio Espínola, la jueza Lovera admitió parcialmente la imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Cabe destacar que ambos fiscales fueron recientemente apartados de la causa debido a la filtración de supuestos chats entre Cantero y Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, lo que generó cuestionamientos sobre la imparcialidad de la investigación.
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Dado que Abdo Benítez goza de fueros por su condición de senador vitalicio, la magistrada procederá a remitir las copias pertinentes del expediente a la Cámara de Senadores para que se trate su desafuero. Un trámite similar se aplicará en el caso del diputado activo Mauricio Espínola, cuya situación será abordada por la Cámara Baja.
La imputación contra el expresidente y los ocho exfuncionarios públicos se origina en la denuncia presentada por Horacio Cartes, conocido adversario político de Abdo Benítez. La extensa imputación, que consta de 60 páginas, hace referencia a una serie de presuntos delitos, entre los que se incluyen la revelación de secretos de servicio, la revelación de secretos privados por parte de funcionarios o personas con obligación especial, la inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, la denuncia falsa, la simulación de un hecho punible, la usurpación de funciones públicas y la asociación criminal.
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Según las acusaciones del Ministerio Público, el exmandatario habría conformado una “organización delictiva” con el objetivo de filtrar informaciones confidenciales provenientes de la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Estas filtraciones presuntamente tenían como propósito desacreditar al sector vinculado a Horacio Cartes y al actual presidente de la República, Santiago Peña.
Fuente: Última Hora.
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