Un contundente equipo de al menos siete abogados se presentó en la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Fiscalía para asumir oficialmente la defensa del expresidente Mario Abdo Benítez y los exmiembros de su gabinete que fueron imputados por los presuntos hechos de información tergiversada y filtración. Este accionar por parte de los letrados se produce luego de que los acusados no fueran debidamente notificados sobre las imputaciones en su contra.
Uno de los defensores, Carlos Granada Salaberry, quien representa al exministro de la Seprelad y Senad René Fernández, no dudó en señalar que la Justicia se está convirtiendo en un “garrote político” y está sometida a la voluntad de Horacio Cartes, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
En sus declaraciones, Granada Salaberry fue contundente al afirmar que Cartes ejerce “el poder absoluto” en Paraguay y que es evidente que se busca “cobrar cuentas viejas” a través de estas imputaciones. “Hay gente muy rencorosa y que cuando entra en crisis quiere cobrar cuentas antiguas, con razón y sin razón”, manifestó el abogado.
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De manera alarmante, el letrado advirtió que, de no haber sido destituida, la exsenadora Kattya González podría haber sido objeto de una “eliminación física” por parte del cartismo. “Doy gracias a Dios que a Kattya González le hayan echado, porque creo que si no le echaban, iban a buscar su eliminación física”, planteó.
Las graves acusaciones contra Horacio Cartes no se detuvieron allí, ya que Granada Salaberry lo señaló como el “caudillo de Paraguay” y advirtió que “ojalá que no se vuelva otro Stroessner, pero está dando características de que sí, sin lugar a dudas”.
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Por su parte, el abogado Carlos César Trapani, quien forma parte del equipo de defensa de Mario Abdo Benítez, cuestionó el accionar del Ministerio Público al señalar que tuvieron conocimiento del acta de imputación solo a través de la prensa y las redes sociales. Ante esta situación, solicitaron formalmente el acceso a la investigación y a las acciones que se habrían realizado sin notificar a los imputados.
Trapani calificó los hechos que se le atribuyen a su defendido como “ficticios, irreales, patrañas” y recalcó que carecen de referencia en tiempo y espacio. Asimismo, cuestionó que las motivaciones de la imputación no son jurídicas y que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar en concordancia con el derecho y la objetividad.
Finalmente, el abogado defensor hizo hincapié en que varias de las acusaciones contra exministros del gabinete de Abdo Benítez cuestionan acciones que debían realizar en el marco del ejercicio de sus funciones, como la elaboración de informes y su presentación ante el Ministerio Público.
Fuente: ABC.
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