Santiago Peña y Lula da Silva. Foto: AP.
Las negociaciones entre Paraguay y Brasil por la tarifa de la energía generada en la hidroeléctrica de Itaipú se encuentran en un punto muerto, generando tensiones entre ambos países. El gobierno paraguayo, encabezado por el presidente Santiago Peña, busca un aumento en el precio de la electricidad, mientras que Brasil, bajo el mandato de Lula da Silva, se muestra reticente a ceder ante las demandas de su vecino.
El canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, ha sido enfático al señalar que, debido a la tarifa actual de 16,71 dólares por kilowatts al mes, Paraguay perdió alrededor de 400 millones de dólares en 2022.
El gobierno paraguayo aspira a elevar el precio a 22,60 dólares, según lo acordado entre Lula y el ex presidente Fernando Lugo en 2009, un acuerdo que debía mantenerse vigente hasta el 50 aniversario de la binacional, en abril de 2023.
Sin embargo, la postura brasileña, respaldada por Lula, busca mantener el precio pactado entre los ex mandatarios Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro en 2023, con el objetivo de proteger los costos de la industria y los consumidores brasileños. Esta situación ha generado un estancamiento en las negociaciones, sin señales de una reunión de alto nivel entre Peña y Lula para abordar el tema.
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Paraguay ha recibido, en los dos primeros meses de 2023, 100 millones de dólares por la venta del excedente de energía producida por Itaipú a Brasil, recursos que son destinados al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
No obstante, el Ejecutivo paraguayo asegura que esta cifra podría incrementarse si se logra un acuerdo para elevar la tarifa, aunque sea por debajo de las pretensiones iniciales.
La revisión del Anexo C del tratado de Itaipú, que establece los términos de la contratación de la energía, es otro punto clave en la agenda paraguaya. El gobierno de Peña busca aprovechar esta instancia para modificar el monto acordado entre Abdo Benítez y Bolsonaro, una posición que encuentra resistencia en el lado brasileño.
Desde el gobierno paraguayo, se argumenta que el aumento de la tarifa es necesario para impulsar un cambio en el modelo económico del país, orientado a atraer inversiones extranjeras en el sector productivo. Sin embargo, Brasil considera que el interés paraguayo radica principalmente en incrementar su recaudación, dado que, históricamente, el consumo paraguayo de la energía de Itaipú nunca ha superado el 10% del total generado.
La postura brasileña ha sido respaldada por voces como la de Enio Verri, director de Itaipú en Brasil, quien acusó a Paraguay de “radicalizarse” en lugar de “continuar con la vida normal de la empresa”.
Además, un informe técnico del Comité de Estudios para la Evaluación del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (Cecuse) determinó que, tras saldar la deuda por la construcción de la hidroeléctrica en febrero de 2022, la tarifa debería haberse reducido a 10,77 dólares por kilowatts al mes.
Ante el estancamiento de las negociaciones, el presidente Peña ha sugerido la posibilidad de vender el excedente paraguayo a precio de mercado, lo que requeriría modificar el Anexo C del tratado, una medida que perjudicaría a Brasil. Esta estrategia busca presionar a los brasileños y evitar comprometer el presupuesto y la estabilidad de la entidad binacional.
Mientras las conversaciones no avanzan, Brasil, bajo el liderazgo de Lula, se beneficia del precio actual de la energía. Los recursos generados por Itaipú son utilizados para distribuir regalías entre las zonas afectadas por la construcción de la represa y financiar proyectos de infraestructura en Brasil, así como gastos ordinarios en Paraguay, como el almuerzo escolar.
El desenlace de estas negociaciones tendrá un impacto significativo en las relaciones bilaterales y en la economía de ambos países. Paraguay busca aumentar sus ingresos, mientras que Brasil intenta proteger los intereses de su industria y consumidores. La capacidad de los líderes de ambas naciones para alcanzar un acuerdo satisfactorio será crucial en los próximos meses.
Fuente: LPO
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