A menos de un año después de las elecciones generales de abril de 2023, se observa un fenómeno preocupante en el ámbito político. Más de una decena de legisladores, inicialmente presentados como opositores y agentes de cambio, cambiaron de afiliación, adoptando posiciones en partidos contrarios a sus principios originales. Este grupo de políticos, ahora considerados tránsfugas, desencadenado un debate sobre la integridad y lealtad dentro del espectro político.
El fenómeno fue particularmente notable en el Senado, especialmente dentro del Partido Cruzada Nacional (PCN), donde varios miembros regresaron al Partido Colorado. La reciente inclusión de la senadora Norma Aquino y las previas adiciones de Javier Vera y Zenaida Delgado al bloque de Honor Colorado ilustran claramente este patrón de comportamiento.
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En la Cámara Baja, el diputado Jatar Fernández cambió notablemente de bando, uniéndose al oficialismo del Partido Colorado. Aunque Miguel Martínez, otro diputado de Cruzada Nacional, también dejó el partido, su crítica continua al Gobierno lo mantiene fuera del grupo de tránsfugas.
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Este desplazamiento resultó en que de los nueve legisladores elegidos por Cruzada Nacional, cuatro fueron catalogados como tránsfugas. Por otra parte, los senadores expulsados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por su sumisión al Ejecutivo reflejan una tendencia similar, complicando aún más el panorama político.
Además, la adhesión de legisladores electos por la disidencia colorada a filas cartistas destaca otro aspecto de este fenómeno. Senadores como Natalicio Chase y Carlos Núñez Agüero, electos bajo una plataforma de disidencia, optaron por alinearse con el oficialismo.
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En la Cámara de Diputados, la situación es igualmente notable. De los 48 diputados colorados elegidos, la mitad representaban a Fuerza Republicana, un número que disminuyó significativamente debido a la transición de ocho miembros al cartismo.
Este patrón de tránsfugas no solo cuestiona la estabilidad y coherencia de las plataformas políticas, sino que también plantea serias dudas sobre la ética y la responsabilidad de los legisladores hacia sus electores.
Fuente: ABC.
