Enrique Salyn Buzarquis, senador liberal. Gentileza ABC Color
Un novedoso proyecto de ley, presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis, propone que las personas privadas de su libertad, especialmente aquellas con condena firme, trabajen para su sustento diario mientras cumplen su reclusión en las cárceles.
La iniciativa busca modificar algunos artículos del Código de Ejecución Penal paraguayo (Ley Nº 5162) para que los programas laborales sean obligatorios y no solo voluntarios para los reclusos.
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El objetivo principal del proyecto es que los condenados aprendan un oficio o profesión y presten servicios al Estado, que tiene diversas necesidades por cubrir. Buzarquis explicó que los reclusos podrían fabricar productos como zapatones para policías, detergentes, uniformes y pupitres, generando ingresos para ellos mismos y contribuyendo a la sustentabilidad del Estado.
Según el legislador, el ocio en las cárceles es el mayor problema, ya que lleva a los reos a especializarse en la delincuencia. “No existe el concepto de rehabilitación en las cárceles, queremos que tengan sus ingresos y aporten a la sociedad”, afirmó Buzarquis. La propuesta contempla que las ganancias se distribuyan equitativamente entre los trabajadores y el Estado.
Además, el proyecto busca brindar apoyo a las familias de los reclusos, quienes a menudo quedan desamparadas económicamente cuando el sustento principal ingresa a prisión. Al trabajar y generar ingresos, los privados de libertad podrían contribuir al mantenimiento de sus hijos y cubrir las necesidades familiares.
Otro beneficio destacado por el senador es la reinserción laboral de los reclusos. Al aprender y trabajar en un oficio durante el cumplimiento de su condena, los internos saldrían de la cárcel con una profesión y un futuro más prometedor. Esto convertiría la reinserción laboral en un proceso gradual, en lugar de un desafío que enfrentan abruptamente al recuperar su libertad.
Buzarquis sugirió que los reclusos que trabajen podrían incluso trasladarse a otros sitios para cumplir con sus labores, mediante acuerdos con empresas y fábricas.
Sin embargo, aclaró que se requiere flexibilidad y que los presos de alta peligrosidad serían tratados de manera diferente. La elaboración de programas adaptados al perfil de cada procesado sería fundamental para el éxito de la iniciativa.
El proyecto de ley fue presentado en la primera sesión del año 2024 de la Cámara de Senadores y figura en el orden del día para su tratamiento.
Fuente: ABC Color
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