Santiago Peña Palacios, Carlos Fernández Valdovinos, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
El presidente Santiago Peña, el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, ocuparon roles directivos en bancos privados antes de asumir cargos estratégicos en el Gobierno, lo que les brinda un control significativo sobre la economía del país.
Peña fue director titular del banco Basa hasta julio de 2022, con un salario mensual de G. 120 millones. Aunque no declaró sus acciones en Ueno Holding, que aumentaron de G. 1.500 millones a G. 6.000 millones en cuatro años.
Fernández Valdovinos, por su parte, fue presidente del directorio de Basa hasta julio de 2023. Además, su cuñado, Roberto Moreno Rodríguez, fue designado ministro asesor de la Presidencia y luego consejero de Itaipú, con un salario total de más de G. 100 millones.
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Carvallo Spalding ocupó la presidencia de Financiera Ueno hasta julio de 2023, mientras su patrimonio neto aumentaba un 230% entre 2020 y 2023. Posee bonos por G. 3.000 millones en GV SAE, del Grupo Vázquez, dueño de Ueno.
Los cruces entre altos cargos públicos y la banca privada ponen en evidencia la estrecha relación existente entre el grupo político hoy gobernante y ciertos actores económicos influyentes, con acceso a información privilegiada y posibilidad de incidir en decisiones estratégicas.
Las modificaciones a la ley de conflicto de intereses, promulgadas en enero, han generado controversia al eliminar restricciones sobre las puertas giratorias, permitiendo que funcionarios públicos pasen al sector privado y viceversa sin mayores impedimentos.
A pesar de estas reformas, la obligación de presentar declaraciones juradas de intereses sigue vigente, exigiendo a los funcionarios revelar su historial laboral y cualquier relación financiera con entidades del Estado.
Sin embargo, estas revelaciones evidencian debilidades en el control y la supervisión. La Contraloría cuenta solo con 7 funcionarios para analizar más de 14.000 declaraciones juradas de intereses. Además, la eliminación de la prohibición de las puertas giratorias y la falta de sanciones para familiares de funcionarios por conflicto de intereses generan preocupaciones sobre la integridad del sistema.
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La situación se complica aún más con casos como el del senador Luis Pettengill, quien enfrenta acusaciones por presuntas violaciones a la ley de conflicto de intereses al votar a favor de una ley beneficiaria de una empresa de la cual fue accionista. La Contraloría ha emitido su dictamen y ahora la decisión recae en el Senado.
El plazo para presentar la declaración jurada de intereses vence a mediados de marzo, lo que podría desencadenar nuevas investigaciones y acciones disciplinarias en caso de incumplimiento.
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Fuente: El Surti.
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