La jueza penal de Garantías 2, Alicia Pedrozo, decretó este miércoles el sobreseimiento definitivo de los ex directivos de Mocipar, Fernando Román Fernández y Orlando Isidoro Benítez Barboza, quienes habían sido imputados por estafa y otros hechos.
La decisión se basa en la falta de pruebas suficientes para sostener la acusación. La fiscala adjunta Patricia Rivarola había solicitado el sobreseimiento definitivo al considerar que no se ha podido obtener “el grado de probabilidad existencia de elementos de convicción suficientes” para estimar que existe un hecho delictivo y la participación de los imputados.
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La defensa de los ex directivos había solicitado que la denuncia sea declarada “falsa y temeraria”, considerando que hubo una persecución penal por más de cuatro años sin que se haya podido reunir elementos de prueba. La jueza rechazó este pedido.
«Acá hay un factor humano muy importante, mucha gente muy perjudicada. Tenemos personas del interior que no tienen la mínima posibilidad de asistir, no tienen asistencia». @MirnaAlf, representante de las víctimas de #Mocipar, tras la audiencia preliminar correspondiente a una… pic.twitter.com/7PrM1YTY3P
— El Observador (@observapy) February 21, 2024
En cuanto a los tipos penales de uso de documentos públicos de contenido falso y producción mediata de documentos públicos de contenido falso, la jueza señaló que durante la investigación “no se han individualizado con claridad cuál sería el o los documentos públicos de contenido falso” y que tampoco se han incorporado elementos probatorios suficientes para tener acreditada la existencia de los hechos punibles mencionados.
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La denuncia del caso había sido presentada por la fiscala Stella Mary Cano, quien acusó a los ex directivos de Mocipar de haber inducido al error a varias personas a través de promociones engañosas para que les entregaran dinero, causándoles un perjuicio económico.
El sobreseimiento definitivo de los ex directivos de Mocipar no implica que sean considerados inocentes, sino que no hay suficientes pruebas para llevarlos a juicio.
Cabe destacar que la decisión de la jueza puede ser apelada por la fiscalía.
Fuente: Última Hora.
