Se hizo pública la información patrimonial de los miembros del gabinete de Santiago Peña, presidente de la República. Sobresaliendo entre sus pares, Francisco Javier Giménez García de Zúñiga, actual ministro de Industria y Comercio, se posiciona en el primer lugar por su considerable patrimonio neto, estimado en G. 62.357 millones.
Este hallazgo surge tras el análisis de las Declaraciones Juradas de bienes presentadas por los altos funcionarios, en donde Giménez García de Zúñiga reportó activos por un total de G. 78.754 millones y pasivos que ascienden a G. 16.397 millones. La diferencia entre ambos conceptos arroja el monto de su patrimonio neto, destacando su posición económica prominente dentro del gabinete.
La figura de Giménez García de Zúñiga no solo es relevante por su cargo actual, sino también por su linaje; siendo hijo de Francisco Giménez Calvo, un conocido empresario y expresidente del Club Libertad. La relación de su familia con figuras políticas de alto perfil, como Horacio Cartes, también fue de interés público en diversas ocasiones.
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Siguiendo a Giménez García de Zúñiga en la lista de patrimonios destacados, se encuentra Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores, con un patrimonio neto declarado de G. 31.798 millones. César Ramírez, exfutbolista y actual ministro de Deportes, y Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas, también figuran entre los primeros puestos con patrimonios significativos.
Por otro lado, los ministros con los patrimonios más modestos son Walter Gutiérrez, de la cartera de Niñez y Adolescencia, y Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quienes reportaron patrimonios netos de G. 415 millones y G. 317 millones, respectivamente.
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La presentación de estas declaraciones juradas se enmarca dentro de las obligaciones legales recientemente reforzadas por la promulgación de la Ley 7236, la cual, a pesar de haber sido objeto de controversia y modificaciones en el Congreso, busca promover la transparencia y evitar conflictos de interés entre los servidores públicos.
Sin embargo, esta normativa enfrentó críticas, debido a las enmiendas realizadas que, según algunos sectores, debilitan las medidas contra las denominadas “puertas giratorias”. Este fenómeno se refiere a la práctica de funcionarios que, tras dejar el sector público, se integran a empresas privadas en áreas donde previamente ejercieron influencia o viceversa.
A pesar de los avances legislativos, tres ministros del actual gabinete aún no presentaron sus Declaraciones Juradas de intereses, situación que deberán regularizar para evitar posibles sanciones.
Fuente: ABC.
