La sombra de la impunidad se cierne sobre el caso del diputado Orlando Arévalo (ANR-HC), presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La fiscala adjunta Patricia Rivarola ratificó el pedido de desestimación de la denuncia por su presunto título falso de abogado, allanando el camino hacia el “oparei” judicial.
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El juez Miguel Palacios, pese a su oposición inicial, se verá obligado a dar curso al pedido del Ministerio Público, en una decisión que genera suspicacias por la falta de elementos probatorios y las numerosas irregularidades que rodean el caso.
La denuncia, presentada por la fiscala Liliana Casse Giménez, no encontró eco en la Fiscalía Adjunta. Rivarola, en su argumentación, esgrime la inexistencia de elementos que justifiquen una investigación contra Arévalo y su excompañero Óscar Paciello, extitular del Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, la causa está plagada de cabos sueltos que siembran dudas sobre la veracidad del título de abogado de Arévalo.
Alberto Núñez Godoy, supuesto compañero de estudios del diputado, se convirtió en el testigo clave de la Fiscalía para desestimar la denuncia. Casualmente, este “testigo” se desempeñaba como secretario del instituto donde Arévalo habría obtenido su título, institución que, a su vez, es propiedad del legislador colorado y su esposa, la concejala de Lambaré Carolina González (ANR-HC).
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La falta de pruebas contundentes y la existencia de un “testigo” con estrechos vínculos con el acusado son solo algunos de los elementos que alimentan las sospechas sobre el caso.
La decisión final recae en el juez Palacios, quien, a pesar de su objeción inicial, se encuentra en una encrucijada: avalar el pedido de la Fiscalía y archivar la causa, o desafiar a la institución y abrir una investigación que podría tener repercusiones políticas.
Fuente: ABC Color
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