Kattya González. Foto: ABC.
Kattya González, senadora por el Partido Encuentro Nacional (PEN), encara un día más de huelga de hambre, una medida extrema adoptada en rechazo a la enmienda constitucional impulsada por el gobierno de Santiago Peña.
La legisladora, cuyo estado de ánimo se reporta como “bueno” y “fuerte”, permanece en su oficina, escenario de su protesta, decidida a mantener su posición hasta lograr una retractación formal del Ejecutivo.
Este acto de rebeldía no solo evidencia la profundidad de las convicciones de González sino que también ilustra la polarización en torno a un tema que agitó el tablero político: la modificación de la Constitución Nacional para, según la senadora, facilitar la reelección presidencial.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
Aunque el proyecto en cuestión busca oficialmente que el 100% del impuesto inmobiliario quede en manos de las municipalidades, González y sus seguidores perciben en él una puerta trasera hacia la perpetuación del poder.
El inicio de la huelga de hambre el último sábado a las 13:00 marca un hito en la resistencia contra lo que la senadora y su partido consideran una amenaza para la democracia paraguaya. Esta forma de protesta, escogida por González, resalta la gravedad con la que ve la situación, dispuesta incluso a poner en juego su salud para defender los principios constitucionales.
La situación de González no solo generó solidaridad dentro de su partido sino también una amplia resonancia en el ámbito político y social. La visita programada del exsenador y médico Jorge Querey, destinada a evaluar su estado de salud, es testimonio del apoyo y la preocupación que rodean a la legisladora. Esta solidaridad se extiende a la denuncia de violencia política y de género que, según el Partido Encuentro Nacional, sufrió González, especialmente en redes sociales.
El contexto en el que se desarrolla esta huelga de hambre es complejo. Tras el fracaso de una iniciativa previa del presidente Peña, que buscaba redistribuir los recursos del Fonacide, el compromiso de trabajar por una reforma que beneficie económicamente a los gobiernos municipales parece chocar con la estructura actual de la Constitución. Según esta, solo un 70% del impuesto inmobiliario corresponde a las municipalidades, un esquema que el Gobierno busca cambiar.
Fuente: Última Hora.
Esta web usa cookies.