El clamor por un transporte público digno en Paraguay parece caer en oídos sordos. Tras la pacífica movilización del viernes 10 de febrero frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde pasajeros y choferes exigieron al gobierno de Santiago Peña soluciones a la crisis del sector, la respuesta oficial ha sido un silencio ensordecedor.
Ni el presidente Peña ni ningún representante del gobierno se han dignado a recibir a los manifestantes o siquiera responder a sus demandas. Esta actitud ha generado indignación entre los sectores afectados, que ven en ella una muestra de soberbia y desprecio hacia la ciudadanía.
“Despreciar a la ciudadanía, en este caso los usuarios, es soberbia y desprecio”, sentenció Jorge Rolón Luna, asesor jurídico de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama). Rolón Luna criticó la falta de un plan concreto por parte del gobierno para mejorar el transporte público, y denunció que este sector siempre ha sido favorecido por las administraciones coloradas.
“Creo que el gobierno no tiene respuestas para los reclamos de la ciudadanía en materia de transporte público. No tiene un plan, ni siquiera registra el tema como uno prioritario en su agenda”, afirmó.
Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), tampoco ha recibido respuesta del gobierno a su solicitud de una reunión para discutir la formalización laboral de los choferes. Esta situación precariza las condiciones de trabajo de miles de personas que a diario se encargan de movilizar a la población.
La falta de respuesta del gobierno no solo es una muestra de desidia hacia las necesidades de la población, sino que también evidencia la falta de voluntad política para abordar un problema que afecta a diario a miles de paraguayos.
Las calles de Asunción son un fiel reflejo del abandono del transporte público. Buses chatarras, frecuencias insuficientes, falta de seguridad y tarifas elevadas son solo algunos de los problemas que aquejan a este sector.
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La paciencia de los usuarios y choferes se ha agotado. La movilización del viernes fue un grito de hartazgo que no puede ser ignorado. El gobierno de Peña tiene la responsabilidad de dar respuestas concretas y soluciones a corto, mediano y largo plazo. De lo contrario, la crisis del transporte público seguirá profundizándose, con graves consecuencias para la economía y la calidad de vida de la población.
Fuente: ABC Color.
