De izquierda a derecha: Jorge Aquino Riveros, José Manuel Agüero Stelhik, María Luján Aguilera Chaparro y la Abg. Fátima Patricia Agüero Stelhik, imputados por presunta estafa y asociación criminal. Foto: ABC Color.
La jueza de Garantías Alicia Pedrozo ha dictado medidas cautelares diferentes para los tres procesados en el caso de la presunta “venta de cargos” en el Instituto de Previsión Social (IPS).
María Luján Aguilera Chaparro, funcionaria del IPS, seguirá con prisión preventiva en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional. La jueza Pedrozo consideró que aún existe peligro de fuga y de obstrucción a la investigación.
La defensa de Aguilera Chaparro había presentado una fianza real de G. 224 millones y una fianza personal, pero la jueza las consideró insuficientes. Según la imputación, Aguilera Chaparro habría proporcionado datos de la previsional para obtener la lista de personas que deseaban ingresar como funcionarios en la institución.
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Por otro lado, la jueza Pedrozo dispuso el arresto domiciliario para Carlos Barreto Ocampos y Jennifer Karina González, quienes también están procesados por presunta estafa y asociación criminal.
Barreto Ocampos cumplirá la medida cautelar en una vivienda ubicada en el distrito de Carapeguá, con una fianza personal de G. 200 millones y prohibición de salir del país o cambiar de domicilio sin autorización judicial.
González también cumplirá el arresto domiciliario en Carapeguá, con una fianza personal de G. 200 millones y las mismas restricciones que Barreto Ocampos.
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Barreto Ocampos y González están acusados de formar parte del esquema de venta de cargos y recategorizaciones dentro del Hospital Central del IPS y otras entidades del Estado.
Fuente: ABC Color.
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