El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción ha confirmado el bloqueo de bienes y cuentas bancarias pertenecientes a los 22 procesados en el caso Dakovo, el cual involucra presunto tráfico de armas. Esta decisión también afecta a la empresa “Internacional Auto Supply S.A.”, que según los investigadores, habría sido utilizada en el ilícito.
Los jueces Andrea Vera Aldana, Bibiana Benítez Faría y Arnulfo Arias Maldonado han rechazado la apelación presentada por la defensa de Ricardo Luis Morra Gadea y han ratificado la medida que impide la enajenación y gravamen de bienes, así como el bloqueo de cuentas bancarias de los 22 procesados en el caso Dakovo, incluyendo a la empresa “Internacional Auto Supply S.A. (IAS)”.
Esta resolución también abarca a los procesados Aldo Cantero Cáceres, Ángel Antonio Flecha Barrios, Arnaldo Andrés Cubas Cantero, Catalino Cantero Benítez, Cinthia María Turro Braga, Darío Eugenio Díaz Ocampos, Diego Hernán Dirisio, Eliane Magali Marengo Subeldía, Jorge Ariel González, Josefina Cuevas Galeano, Julieta Vanessa Nardi Aranda y Ricardo Luis Morra Gadea.
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Además, se ha confirmado el bloqueo de bienes y cuentas bancarias a nombre de los imputados María Mercedes Ocampos Centurión, Julio Cesar Cubas Cantero, Manuel Antonio Gómez Ojeda, Víctor Manuel Santos Gauto, Bienvenido Santiago Fretes González, Georgina Elizabeth Cosgaya Viñales, Jorge Antonio Orue Roa, Paulo Cesar Fines Ventura, Eduardo Tomas Pallares Vivero y Victorino Gómez Paredes, así como de la empresa IAS, que según la fiscalía habría sido utilizada en el tráfico de armas.
La operación Dakovo se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2023 e involucró a 19 agentes fiscales, quienes, junto a agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lideraron allanamientos en las regiones de Central y Alto Paraná. Simultáneamente, se llevaron a cabo intervenciones en Brasil y Estados Unidos como parte de esta operación coordinada.
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En relación con la apelación presentada por la defensa, la misma alegó que la decisión carece de una fundamentación adecuada y que no se ajusta a derecho. Se destacó la ausencia de una explicación suficiente sobre cómo se establecieron los presupuestos genéricos requeridos para la medida cautelar.
El Ministerio Público respondió a la apelación argumentando que la medida cautelar, tanto en términos de bienes como de cuentas bancarias, fue solicitada y concedida en el contexto de la asistencia jurídica internacional requerida por la Justicia de Brasil.
Luego de un minucioso análisis de los argumentos presentados por ambas partes, el Tribunal de Apelación concluyó que el bloqueo de bienes y cuentas bancarias se encuentra respaldado por acuerdos internacionales entre las partes y se ejecutó en un espíritu de reciprocidad. Además, se consideró que la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Sánchez, proporcionó una fundamentación adecuada para la medida cautelar, cumpliendo con los requisitos legales correspondientes.
Fuente: ABC Color.
