Estudiantes universitarios han levantado su voz en contra del desfinanciamiento de la Ley de Arancel Cero y han expresado su preocupación ante la incertidumbre que esto genera en el contexto de la dependencia del Tesoro Nacional para su financiamiento. Los estudiantes exigen un nuevo marco de garantías y recursos destinados a mantener la gratuidad en la admisión de universidades públicas.
Aunque los universitarios no se oponen a la universalidad del almuerzo escolar propuesta en el proyecto de ley “Hambre Cero en las Escuelas”, expresan su desacuerdo en dejar en manos del Ministerio de Economía y Finanzas la responsabilidad de cubrir los costos del Arancel Cero.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha emitido un comunicado exigiendo un blindaje financiero y transparencia en cuanto a los porcentajes anuales que se destinarán del fondo del Tesoro Nacional para mantener el Arancel Cero en la educación superior.
Los estudiantes se refieren específicamente al artículo 13 del proyecto de ley de alimentación escolar, que busca eliminar el uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para financiar los aranceles de admisión de estudiantes provenientes de colegios públicos y subvencionados. Esta medida, que ha estado vigente desde 2020, genera preocupación y una sensación de incertidumbre cada año.
La comunidad estudiantil argumenta que esta decisión demuestra una falta de interés por parte del presidente Santiago Peña en la educación de los jóvenes, ya que la dependencia del Tesoro Nacional podría generar inestabilidad.
En cuanto a la polémica sobre el proyecto de ley “Hambre Cero en las Escuelas”, los estudiantes creen que es posible combatir la corrupción en el programa de merienda escolar sin necesidad de afectar los derechos conquistados por los universitarios.
Otro grupo estudiantil, “Estudiantes por el Boleto Universitario”, se suma a esta exigencia de garantías claras para la continuidad del financiamiento del Arancel Cero. Consideran fundamental respaldar esta iniciativa a través de una ley que establezca una fuente de financiamiento segura y permanente.
Lamentan la incertidumbre que ha causado la eliminación de fondos del Fonacide, que anteriormente destinaba el 7% de sus recursos a las universidades públicas y sus institutos.
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Ambos grupos estudiantiles se mantienen movilizados en defensa de la educación pública y están dispuestos a tomar medidas necesarias para protegerla. Esto recuerda a la primavera estudiantil de 2015, que logró destituciones e investigaciones penales para autoridades por casos de corrupción bajo la consigna “UNA no te calles”.
Por su parte, la UNA ha informado que la rectora Zully Vera mantendrá conversaciones con todos los sectores antes de pronunciarse sobre la iniciativa.
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El proyecto de ley, presentado por el Gobierno, ha generado controversia debido al recorte de recursos a municipalidades y a las gobernaciones de Central y Presidente Hayes. Propone destinar la compensación que Brasil paga por la cesión de excedentes de energía de Itaipú al nuevo Fondo Nacional de Alimentación Escolar, en lugar de distribuirlo a gobernaciones, municipalidades, salud y educación como se hacía a través del Fonacide.
Fuente: Última Hora.
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