A pesar de los intentos de mayor control y disminución de contratados, luego de diversos escándalos de planillerismo y tráfico de influencia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sigue repartiendo cupos políticos partidarios. De los casi 5.000 funcionarios públicos que integran todo el esquema de la Justicia Electoral, ninguno de ellos ingresó por el sistema de concurso público de oposición que establece la Ley de la Función Pública, gracias a la acción de inconstitucionalidad que presentaron y ganaron en octubre del 2013 contra dicha legislación.
La Justicia Electoral registra que 2.388 funcionarios trabajan en la sede central en Asunción: 2.042 permanentes y 346 son contratados. Estos números son acompañados por salarios que asombran, con un director llegando a ganar G. 25.608.270, según los datos publicados por la institución.
La Ley N° 1626 del año 2013, conocida como “De la Función Pública”, establece claramente que el ingreso a la función pública debe realizarse a través de concursos públicos de oposición. Sin embargo, la Justicia Electoral ha logrado esquivar esta norma gracias a una acción de inconstitucionalidad presentada en octubre de 2013 que les exime de este requisito legal.
El argumento principal de la Justicia Electoral para ser excluida de esta ley se basa en que la institución se rige por la Ley N° 635 del año 1995, que sugiere, pero no exige, la selección de personal basada en la representación parlamentaria. Esta flexibilidad en la ley les permite continuar con un sistema de selección de funcionarios basado en criterios políticos y partidarios.
Según Luis Alberto Mauro, director de Asesorías Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), este sistema se basa en un criterio de control mutuo de los principales partidos políticos. Cada funcionario vinculado a un partido es vigilado por otro para garantizar que se mantenga un equilibrio en la representación de partidos en la institución.
Por ejemplo, si un funcionario es miembro del Partido Colorado, otro funcionario debe ser de un partido diferente, como el Partido Liberal o Frente Guasu. Este sistema se aplica en todo el estamento de la Justicia Electoral para evitar la concentración de poder en un solo partido.
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A pesar de la controversia sobre el método de selección de personal, la Justicia Electoral ha logrado reducir significativamente el número de funcionarios contratados en los últimos años. Desde el 2012 hasta la fecha, el número de funcionarios contratados se redujo en un 88%.
El director de Financiamiento Político, César Ruiz Díaz, argumenta que este sistema de contratación política es una forma de afianzar el control mutuo de los procesos electorales. Sin embargo, críticos sostienen que este sistema aún permite la influencia de los principales partidos políticos en la institución.
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La Justicia Electoral ha operado durante años bajo un sistema de selección de funcionarios que desafía la ley de la Función Pública. Aunque argumentan que este sistema permite un control mutuo entre los partidos políticos, también ha generado controversia y críticas sobre la transparencia y la imparcialidad en el proceso electoral.
Fuente: Última Hora.
