La jueza penal de garantías Clara Ruiz Diaz Parris ha ratificado la prisión preventiva para dos de las implicadas en el proceso del caso de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS). Se trata de la abogada Fátima Patricia Agüero Stelhik y la enfermera María Luján Aguilera Chaparro, quienes enfrentan acusaciones de estafa y asociación criminal relacionadas con la venta de cargos en el IPS.
La causa penal, identificada como la Nº 221/2.024, ha estado en el centro de la atención pública desde que se destapó la presunta red de corrupción que operaba dentro de la institución previsional. El caso comenzó con una denuncia anónima que llegó al Ministerio Público y que involucraba a varios funcionarios del IPS y personas externas, señaladas como responsables de vender puestos laborales y realizar recategorizaciones salariales a cambio de pagos ilegales.
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El operativo que puso al descubierto este esquema de corrupción incluyó una entrega vigilada de dinero, en la que la abogada Fátima Patricia Agüero Stelhik, exabogada de la senadora Zenaida Delgado, recibió la suma de G. 6 millones de un médico del IPS a cambio de una recategorización salarial. Este procedimiento fue supervisado por la fiscal Sandra Ledesma y resultó en la detención de varios sospechosos.
Hasta el momento, la jueza Clara Ruiz Diaz Parris ha ratificado la prisión preventiva para Fátima Patricia Agüero Stelhik y María Luján Aguilera Chaparro. La abogada Agüero Stelhik había sido inicialmente condenada a cumplir su prisión en la Comisaría 8° Metropolitana, pero una nueva disposición judicial la envió a la Comisaría 12 de Mujeres por un período adicional de 15 días hábiles. Esto retrasa su traslado a la Penitenciaría Casa del Buen Pastor hasta el 14 de febrero.
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La situación es similar para la enfermera María Luján Aguilera Chaparro, quien también ha visto extendido su plazo de prisión preventiva hasta el 14 de febrero. Ambas deberán ser remitidas a la penitenciaría después de esa fecha, a menos que se emita una disposición judicial en contrario.
En cuanto al tercer implicado en este caso, Jorge Miguel Aquino Riveros, hasta el momento es el único beneficiado con el arresto domiciliario por parte de la jueza Ruiz Diaz. Aquino es hijo del abogado del exsenador colorado Juan Carlos Galaverna, Ramón Aquino, quien se jactó de sus influencias durante un allanamiento a su residencia.
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La jueza Ruiz Diaz Parris justificó su decisión argumentando que las defensas de las imputadas no presentaron hechos nuevos que modifiquen los presupuestos y hechos punibles atribuidos para decretar la prisión preventiva. Además, indicó que la medida de prisión preventiva se justifica para asegurar la sujeción de las imputadas al proceso y evitar la destrucción, modificación o supresión de pruebas.
Fuente: Última Hora.
