El intendente Miguel Prieto había presentado casi 160.000 documentos al Congreso Nacional. Foto: Dardo Ramírez
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, continúa enfrentando el proceso judicial relacionado con la distribución de kits de alimentos y lesión de confianza. En esta ocasión, Prieto ha acompañado a uno de sus testigos y ha expresado su descontento con el actuar de la Fiscalía, argumentando que la investigación ha causado un gran daño económico, político y personal. Veamos los detalles de este caso.
Miguel Prieto se presentó en el proceso judicial junto a su testigo, Liza Ramona Alcaraz, quien fue mencionada por el fiscal Silvio Corbeta en la imputación. La principal discrepancia se centra en la afirmación del fiscal de que Alcaraz no residía en Ciudad del Este durante la distribución de los kits de alimentos durante la pandemia.
Sin embargo, Alcaraz ha desmentido esta afirmación y ha declarado que ha residido en la misma ubicación durante al menos una década. Esto puede ser corroborado con la matriculación de sus hijos en la escuela de la zona. Además, Alcaraz recibió uno de los kits de alimentos y firmó la planilla correspondiente.
Miguel Prieto ha expresado su descontento con el fiscal Silvio Corbeta y ha afirmado que este debería haber investigado de manera más rigurosa antes de hacer tales declaraciones.
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Inicialmente, las investigaciones se centraron en supuestas irregularidades de sobrefacturación. Sin embargo, con el tiempo, Prieto fue imputado por un presunto daño patrimonial relacionado con la distribución de los kits de alimentos, por un monto de G. 1.769 millones.
El plazo para la acusación en este caso venció recientemente, pero el fiscal solicitó una prórroga de seis meses. La defensa argumenta que no existen argumentos válidos para esta prórroga.
El intendente Prieto ha expresado que este proceso judicial ha causado un gran daño a su familia, incluyendo noches sin dormir, problemas políticos y económicos. Además, lamenta que se le obligue a trasladarse hasta Asunción para defenderse, en lugar de permitirle hacerlo en Ciudad del Este, donde reside y trabaja.
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La investigación sugiere que se utilizó la empresa Tía Chela SRL, que supuestamente carecía de la capacidad financiera, técnica y experiencia necesaria, para simular la adquisición y provisión de los kits de alimentos. Se debían distribuir 25.000 kits, pero se presume que las primeras 15.000 unidades no fueron entregadas.
Además de los aspectos legales, Miguel Prieto también ha enfrentado cuestionamientos sobre su gestión, particularmente por parte del senador Basilio Núñez. Como respuesta a las solicitudes de informe del Congreso Nacional, Prieto entregó aproximadamente 160.000 documentos impresos relacionados con la administración de los recursos municipales.
Fuente: Última Hora.
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