La jueza Rosarito Montanía ha determinado prisión preventiva para la abogada Rossana María de Luján Palazuelos Oscáriz, quien se encuentra involucrada en el caso Mercat. La decisión se basa en las acusaciones de manipulación de documentos con el propósito de beneficiar a su cliente, Walter José Galindo Domínguez, en un caso relacionado con drogas que precedió al caso Mercat.
Palazuelos Oscáriz deberá cumplir su medida de prisión preventiva en la Penitenciaría de Mujeres “Casa del Buen Pastor”. La jueza Montanía calificó provisionalmente la conducta de la abogada como la producción de documentos no auténticos, uso de certificados de salud falsos y soborno agravado, en ambos casos actuando como coautora. La fecha establecida para la presentación del requerimiento conclusivo por parte de la Fiscalía es el 22 de julio de 2024.
La situación de la abogada Rossana Palazuelos se complicó cuando se presentó en la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público el pasado lunes. Cabe mencionar que Palazuelos había sido imputada el 24 de mayo de 2022 y se encontraba prófuga, con una orden de captura pendiente desde el 25 de mayo del mismo año.
La fiscala Lourdes Bobadilla había solicitado la prisión de Rossana Palazuelos, y esta petición fue ratificada por la fiscala Elva Cáceres. De hecho, fue la fiscala Cáceres quien condujo la audiencia indagatoria tras la detención de la abogada, quien está vinculada al presunto narcotraficante Walter José Galindo.
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La defensa de Rossana Palazuelos, representada por los abogados Cynthia Raquel Aguirre de Cárdenas, Édgar Horacio Amarilla Palazuelos y Mariela Elizabeth Cardozo Peralta, solicitó medidas alternativas a la prisión durante la audiencia de imposición de medidas. Para asegurar el cumplimiento del proceso penal, la defensa ofreció fianza personal de Aldo Osmar Amarilla y Evelyn Graciela Román, así como un inmueble registrado a nombre de Daniela Oscáriz de Palazuelos, madre de la imputada, valuado en G. 1.210.763.462.
Sin embargo, la jueza Montanía consideró que las cauciones ofrecidas no eran suficientes para eliminar el peligro de fuga, destacando que Palazuelos había estado prófuga y con una orden de captura nacional durante casi un año y ocho meses. Además, la jueza señaló que dado que el plazo de investigación se ha reanudado, el Ministerio Público debe completar las diligencias necesarias, y no se puede descartar que Palazuelos pueda interferir en el proceso o alterar evidencia.
En su resolución judicial, la jueza Montanía destacó la gravedad de los hechos en los que Rossana Palazuelos habría estado involucrada. Se le acusa de utilizar documentos no auténticos, incluyendo una ficha de notificación de infección respiratoria aguda grave del Hospital Barrio Obrero a nombre de Walter Galindo, fechada el 23 de mayo de 2021, y un pedido de estudios supuestamente suscrito por el médico Luis López. Además, se habrían expedido constancias y certificados de salud falsos por parte de profesionales de la salud a cambio de sumas de dinero supuestamente entregadas por Palazuelos.
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Estos documentos fraudulentos fueron presentados ante el juzgado penal de garantías de Lambaré, a cargo de Isabel Bracho, con el objetivo de obtener medidas alternativas para Walter Galindo, quien en ese momento era cliente de Palazuelos. La jueza Montanía resaltó la gravedad de estas acciones, especialmente considerando que se utilizaron en un caso penal relacionado con la comercialización de sustancias estupefacientes, con el posible propósito de obstruir la investigación y garantizar medidas judiciales más favorables.
La investigación fiscal ha señalado a Rossana Palazuelos como la intermediaria que habría abonado sumas de dinero a la médica forense del Poder Judicial, Ana Stael Alfonso, y al enfermero del Departamento Judicial de la Policía, Sixto Ramón Cabrera, quienes también enfrentarán juicio próximamente. Estos pagos presuntamente estuvieron destinados a la elaboración de documentos y certificados médicos que finalmente fueron presentados ante el Juzgado Penal de Garantías de Lambaré, bajo la jurisdicción de la jueza Isabel Bracho.
Fuente: ABC Color.
