Se han desatado tensiones entre el Gobierno y el sector productivo debido a las exigencias planteadas por la Unión Europea (UE) en relación con la exportación de soja. Estas discrepancias han generado preocupación sobre el futuro del acuerdo entre el Mercosur y la UE, que ha estado pendiente de firma durante dos décadas.
La Unión de Gremios de la Producción (UGP) y el Gobierno, que solían mantener discursos consensuados, han expuesto públicamente sus diferencias en lo que respecta a las demandas de la UE. El presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, ha señalado que cumplir con las nuevas exigencias de mercado de la UE es inviable y problemático.
Uno de los principales obstáculos que ha mencionado Cristaldo es la dificultad de verificar y trazar la producción de soja en un proceso en el que se comercializa a granel. La UE ha establecido la necesidad de cumplir con 12 certificados, uno de los cuales se relaciona con la prevención de la corrupción, un requisito que Cristaldo considera imposible de cumplir.
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El presidente de la UGP ha argumentado que esta situación es una cuestión de soberanía, y ha acusado a la Red de Inversiones y Exportaciones de Paraguay de intentar alinear las regulaciones del país con las de la UE en el contexto de las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Si bien Cristaldo ha minimizado la importancia del mercado europeo para Paraguay, señalando que representa solo el 4% de las exportaciones totales del país, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, ha advertido que las exigencias socioambientales son una tendencia global que se está volviendo cada vez más relevante.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ha estado en discusión durante dos décadas, actualmente enfrenta incertidumbre sobre si finalmente se firmará o si las negociaciones serán suspendidas.
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En respuesta a estas discrepancias, el ministro Giménez ha explicado que se están buscando mecanismos para negociar condiciones razonables que Paraguay pueda aceptar. Esto incluye la documentación de trazabilidad, que permitiría demostrar la ausencia de deforestación y expulsión de comunidades indígenas en el proceso de producción de soja.
El ministro no comprende el rechazo del sector privado a estas exigencias y considera que ciertos gremios se han vuelto radicales en su postura. Giménez insta a un cambio de mentalidad en el sector privado y defiende la oportunidad de mantener el acceso al mercado europeo en lugar de descartarlo.
La Unión Europea distingue entre el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el reglamento aprobado el año pasado, aunque ambos se relacionan con la sostenibilidad. El reglamento se aplica a las importaciones de materias primas, incluyendo carne y soja, los principales productos de exportación de Paraguay.
A diferencia de Paraguay, Argentina está trabajando en el cumplimiento del reglamento, con proyectos como ViSeC, que buscan cumplir con las nuevas normas y evitar la mezcla de granos argentinos certificados con soja paraguaya sin certificación.
Fuente: Última Hora.
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