La abogada Teresa Flecha, conocida por sus denuncias que impulsaron investigaciones en el Congreso, presentó una solicitud ante la Contraloría General de la República para una clara interpretación de la Ley Nº 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la función pública.
Esta acción busca frenar la práctica recurrente de asignar cargos a familiares de altos funcionarios, lo que generó un enorme despilfarro de los recursos estatales y socavó la confianza en las instituciones públicas.
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Flecha, en su presentación, destaca la contratación de “asesores”, a menudo parientes de legisladores, como una maniobra para desviar fondos estatales. Resalta las contrataciones de Montserrat Alliana Encina, Elías Martín Godoy Torres, Silvana Jazmín Busto Adorno, y Alejandro Ovelar Ayala, todos ellos parientes de figuras políticas influyentes, como ejemplos claros de esta práctica indebida.
La abogada argumenta que estas contrataciones no solo violan la ley, sino que también representan un robo al Estado, beneficiando a un pequeño grupo en detrimento del interés público.
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Subraya que la Contraloría, como ente auditor del Estado, tiene la responsabilidad de aplicar la ley y sancionar a los responsables. Entre las sanciones mencionadas en su solicitud, figuran la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la anulación de los nombramientos y la obligación de devolver los salarios cobrados de manera indebida.
La situación se complica aún más con la alegación de Flecha de que ciertos políticos, como Raúl Latorre, presidente de Diputados, y sus asesores jurídicos, están realizando interpretaciones erróneas o malintencionadas de la ley para eludir responsabilidades. Flecha insiste en que la ley es clara y debe aplicarse de manera firme para erradicar el nepotismo y restablecer la confianza en las instituciones gubernamentales.
Fuente: ABC.
