La defensora pública María Sol Samaniego Fernández ha presentado dos excepciones ante el juzgado penal de garantías N° 3, liderado por la jueza Cynthia Lovera. Estas excepciones, basadas en la falta de acción, desafían el procesamiento de dos casos de hurto, cada uno valorado en menos de G. 100.000, cuestionando la legitimidad de la intervención fiscal en estos casos considerados de bagatela.
En el primer caso, se trata del ciudadano argentino Sergio Luis Raicovich, detenido por intentar sustraer un corte de carne en un local de Biggie Express, con un valor inferior a G. 100.000. A pesar de la aparente trivialidad del delito, la jueza Lovera ordenó su prisión, que fue ratificada posteriormente. El segundo caso concierne a Ever Isrrael Galeano Duré, quien intentó hurtar una cadenilla de acero valorada en G. 80.000, y también se encuentra actualmente en prisión.
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La defensora pública argumenta que, según el artículo 172° del Código Penal, la persecución penal en estos casos debería depender de la instancia de la víctima, y no de la Fiscalía, dado que el valor de los artículos sustraídos no supera los 10 jornales mínimos establecidos en la legislación. Esto pone en duda la legalidad del inicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ya que no existe una denuncia directa de las víctimas, los propietarios de los locales afectados.
El caso plantea cuestiones importantes sobre el uso de recursos judiciales y la discrecionalidad fiscal en delitos menores. En un país donde el sistema judicial a menudo se ve sobrecargado y los recursos son limitados, la decisión de perseguir penalmente casos de bagatela genera un debate sobre la eficacia y priorización en la administración de justicia.
Fuente: ABC Color.
