Contraloría General de la República. Foto: Hoy.
Ocho mandatarios locales se colocaron en el centro de una polémica, al no presentar su rendición de cuentas correspondiente al último cuatrimestre de 2023, un hecho que no pasó desapercibido para la Contraloría General de la República.
Esta situación, que compromete a cinco miembros del Partido Colorado y tres del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), suscitó un sinnúmero de interrogantes y preocupaciones en la sociedad. El incumplimiento de estos intendentes en la entrega de la documentación exigida revela un panorama preocupante sobre el manejo de los recursos públicos.
Según datos publicados en el portal de la Contraloría www.contraloria.gov.py, los jefes comunales implicados no justificaron el uso de fondos significativos recibidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el año pasado.
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Entre los casos más destacados se encuentra Antonio Apezteguía, intendente de San Vicente Pancholo (San Pedro), quien manejó más de G. 4436 millones en el 2023, incluyendo montos provenientes de royalties y Fonacide.
Otro caso que llama la atención es el de Rafael Ramírez, jefe comunal de Ñacunday (Alto Paraná), quien recibió alrededor de G. 2.744 millones y aún no presentó su rendición de cuentas. Esta tendencia se repite en varios municipios, donde los fondos asignados para proyectos de desarrollo y mejoras comunitarias permanecen sin una explicación clara de su uso.
Por otro lado, la situación de Mirtha Fernández, intendente de Valenzuela (Cordillera), es particularmente delicada. Acusada de lesión de confianza y asociación criminal, Fernández no recibió fondos desde 2022, debido a la falta de transparencia en el manejo de los recursos del 2021.
Este escenario generó un debate intenso entre los líderes locales y las autoridades nacionales. Recientemente, más de 100 intendentes se reunieron en Atyrá (Cordillera) para discutir un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo. La propuesta busca centralizar los recursos destinados a la merienda y el almuerzo escolar en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), modificando así la Ley Nº 4.758 que rige el Fonacide.
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Durante el foro, varios intendentes expresaron su rechazo a la centralización de estos recursos, aunque admitieron la necesidad de un control más riguroso en la distribución de los mismos.
El diputado Hugo Meza (ANR), presente en el evento, subrayó la importancia de escuchar a los intendentes antes de proceder con cualquier modificación legislativa. Este diálogo, según Meza, es fundamental para asegurar que las necesidades de las comunidades sean atendidas de manera eficaz y transparente.
Fuente: ABC.
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