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Caso IPS: Sustracción de archivos no detendrá investigación

La abogada Alicia Olazar del IPS asegura que la investigación sobre la venta de cargos no se verá afectada por la desaparición de archivos

Instituto de Previsión Social (IPS).

La abogada Alicia Olazar, de la Dirección de Asuntos Penales del Instituto de Previsión Social (IPS), ha confirmado que el proceso de investigación relacionado con la presunta venta de cargos en la institución continúa a pesar del reciente robo de archivos de una computadora y la desaparición de un legajo que contenía denuncias recibidas por Control Interno de la Gerencia de Salud.

Según declaraciones de Olazar en una entrevista con radio Monumental 1080 AM, todas las pruebas y antecedentes relacionados con las denuncias que dieron origen a esta investigación sobre la venta de cargos ya se encuentran en manos del Ministerio Público. Esto significa que la sustracción de archivos no representa un riesgo para el avance de la investigación, ya que todas las evidencias, denuncias y testimonios están debidamente documentados.

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En cuanto a los elementos que fueron sustraídos, Olazar indicó que aparentemente se trataba de denuncias presentadas en septiembre, aunque no está segura de si están relacionadas con el caso en cuestión. No obstante, aseguró que el departamento de Informática del IPS está trabajando en la recuperación de estos archivos.

Además, la abogada señaló que la investigación involucra a varios funcionarios del IPS que presuntamente participaron en la trama de venta de cargos dentro de la institución. En este sentido, mencionó que cuentan con el respaldo del presidente del IPS, Jorge Brítez, para llevar a cabo una investigación exhaustiva y determinar la responsabilidad de todas las partes involucradas.

Este caso de venta de cargos en el IPS salió a la luz hace algunos días y ha resultado en la imputación de varias personas. Entre los imputados se encuentran Fátima Patricia Agüero Stelhik, José Manuel Agüero Stelhik y María Luján Aguilera Chaparro, quienes enfrentan cargos de estafa y asociación criminal. Jorge Aquino Riveros también está imputado por asociación criminal, y Eduvigis Espínola, otro de los involucrados, tuvo su vivienda allanada en el marco de la investigación.

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Una de las víctimas del presunto esquema de corrupción llegó a solicitar un crédito para pagar una suma de G. 9.000.000 o G. 1.000.000, que le habían exigido como condición para la firma de un contrato. Otra víctima fue requerida para pagar la suma de G. 15.000.000 y también efectuó un pago inicial.

Fuente: Última Hora.