El cantante OG Selu. Foto: Captura.
El cantante de música urbana José Luis Gómez Amarilla, conocido como Og Selu, continuará detenido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú debido al riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación en el caso de trata de personas. Así lo ha decidido un juzgado penal de garantías en una reciente resolución.
El Juzgado Penal de Garantía Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno, de feria, bajo la magistrada Abog. Rosarito Soledad Montanía de Bassani, ha ratificado la prisión preventiva de José Luis Gómez Amarilla, conocido artísticamente como Og Selu. Esta medida cautelar fue originalmente impuesta por el juez Gustavo Amarilla mediante un Auto Interlocutorio en abril de 2023.
El caso, identificado como “José Luis Gómez Amarilla s/ trata de personas (Crimen Organizado Ley N° 6.379)”, del año 2023, número 4, sigue generando controversia y debate.
Defensa argumenta que la prisión es una condena anticipada
La defensa legal del imputado, a cargo de la Abg. Raquel Talavera, ha solicitado en una audiencia de revisión de medidas de prisión preventiva la imposición de una medida menos gravosa para su cliente.
Talavera argumenta que, tras el operativo “Veneratio”, la situación en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se ha vuelto caótica y que todos los reclusos, incluyendo a Gómez Amarilla, se encuentran mezclados y sin control interno debido a las frecuentes intervenciones de las fuerzas del orden para realizar requisas.
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La defensa sostiene que la prisión preventiva de su cliente equivale a una condena anticipada, ya que lleva 10 meses detenido sin que se le haya presentado formalmente ninguna acusación en su contra. Argumenta que Gómez Amarilla tiene arraigo, domicilio fijo y ha ofrecido garantías reales y fianzas personales como medidas alternativas a la prisión.
La Abog. Talavera solicita que el tribunal imponga medidas menos gravosas, como arresto domiciliario con control policial aleatorio.
El tribunal argumenta persistencia de riesgo de fuga y obstrucción
La jueza Rosarito Soledad Montanía de Bassani sostiene que cualquier solicitud de revisión de medidas debe estar respaldada por hechos nuevos que demuestren la eliminación o reducción de los riesgos procesales, como la fuga y la obstrucción a la investigación, o la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas.
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En cuanto a las garantías ofrecidas por la defensa, la jueza señala que ya fueron evaluadas previamente y que el riesgo de fuga sigue siendo latente. Destaca que el imputado enfrenta una alta expectativa de pena en caso de condena y que posee los medios económicos para evadir a la justicia, dado su presunto papel en el traslado de víctimas de Paraguay a España.
Respecto al riesgo de obstrucción a la investigación, la jueza Montanía argumenta que la etapa preparatoria del caso aún no ha concluido y que existe la posibilidad de que el imputado modifique u oculte pruebas, así como de que amedrente a testigos o a otras personas involucradas en los delitos investigados.
Antecedentes del caso y modo de operación
El caso se inició con el “Operativo Guaraní” en abril de 2023, liderado por la fiscala Claudia Aguilera y la fiscala adjunta Matilde Moreno, junto con la policía de Interpol-Py y la policía española. Este operativo resultó en la detención de varias personas en Paraguay y España, incluyendo a una mujer conocida como “Ña Nena”, quien presuntamente capturaba mujeres para enviarlas a España bajo engaño de un trabajo.
Posteriormente, en el “Operativo Asunción” de abril de 2023, fue arrestado José Luis Gómez Amarilla, alias Joselo, en Ñemby, Paraguay. Su madre, Victoria Amarilla Cantero, fue detenida en Ferrol, Coruña, España. Ambos enfrentan acusaciones relacionadas con la explotación sexual de mujeres.
Más detalles sobre el caso
Según la fiscala Carina Sánchez, los grupos involucrados en el caso solían atraer a las víctimas prometiendo trabajos bien remunerados en España. Sin embargo, una vez en ese país, se les informaba que debían prostituirse para saldar una deuda por el viaje. Las víctimas eran mantenidas encerradas en departamentos y eran víctimas de explotación sexual.
La agente del Ministerio Público ha señalado que los victimarios trabajaban psicológicamente a sus víctimas y que se les confiscaban sus documentos para evitar que escaparan o buscaran ayuda.
Fuente: ABC Color.
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