Desacuerdo. En el oficialismo no hay consenso sobre la idea de cambiar la ley de Fonacide. Gentileza.
El plan anunciado por el presidente Santiago Peña de centralizar los fondos destinados al almuerzo escolar en una sola caja, bajo la administración del Ministerio de Desarrollo Social, ha enfrentado obstáculos debido a la oposición de autoridades regionales. El proyecto, que inicialmente se presentó como un cambio “radical” en el uso de los recursos del Fonacide, no ha logrado concretarse como estaba previsto.
La intención de centralizar los fondos destinados al almuerzo escolar fue motivo de debate entre el sector técnico encabezado por Peña y las autoridades regionales, quienes expresaron su preocupación por la pérdida de control sobre estos recursos. La propuesta buscaba que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se hiciera cargo de la administración de estos fondos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia en su distribución.
Sin embargo, en los días previos a la presentación oficial del proyecto, surgieron diferencias significativas entre las partes involucradas. El ministro de Educación, Luis Ramírez, quien inicialmente respaldaba la idea de modificar el Fonacide, reconoció la existencia de problemas en la gestión de los recursos destinados al almuerzo escolar. Argumentaba que una institución centralizada podría brindar un mejor control y administración de estos fondos.
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No obstante, la falta de consenso entre el sector técnico y las autoridades regionales llevó a un retroceso en la presentación del proyecto. La comunicación sobre los detalles de la propuesta fue imprecisa, y aún quedaban pendientes ajustes antes de remitirlo al Congreso. La jefa de Gabinete de la Presidencia, Lea Giménez, ofreció la única información oficial al respecto, contradiciendo en parte el proyecto inicial.
Giménez reconoció el fracaso del Fonacide y el almuerzo escolar en más de una década de implementación. Ante el informe crítico de la Contraloría, se plantea la necesidad de modificar la ley y crear una versión mejorada, conocida como “Fonacide 2.0”. Se busca evitar la corrupción y garantizar que los beneficios lleguen a todos los niños. Sin embargo, negó la intención de centralizar los fondos y mencionó la búsqueda de un mecanismo diferente para la entrega, especialmente en comunidades en situación de pobreza.
Entre las novedades propuestas se encuentra la aplicación de una “auditoría recurrente” por parte de la Contraloría, que implicaría un control desde el inicio para evitar retrasos en la entrega de los alimentos. También se plantea la posibilidad de retirar los recursos a quienes no cumplan con las normativas establecidas y mejorar la calidad de los alimentos proporcionados. Además, se considera la creación de un consejo con criterios de nutrición, salud, educación y conocimiento de las comunidades, así como el aumento del monto destinado a la nutrición universal.
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La reacción de algunos actores políticos y regionales ha sido variada. El diputado colorado Hugo Meza expresó su desacuerdo con la centralización de los recursos, considerando que sería un retroceso. Por su parte, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, criticó al Ministerio de Educación, argumentando que esta entidad maneja la mayor parte de los recursos del Fonacide y que los precios por ración de almuerzo varían significativamente entre municipios y el Ministerio.
Actualmente, el programa de almuerzo escolar llega solo al 18% de los estudiantes de los grados 1 al 9, lo que representa aproximadamente 229.000 alumnos, frente a un total de más de 1.100.000 estudiantes. El 25% de los recursos del Fonacide se destinan a gobernaciones y municipios, encargados de la distribución de los alimentos.
Fuente: Última Hora.
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