Foto: Gentileza.
En el anochecer del año anterior, una decisión tomada en la Cámara de Diputados desató polémica: la aprobación de un contrato para un seguro médico privado. Esta medida, valorada en unos G. 15.289 millones para el bienio 2024-2025, será financiada con fondos de los contribuyentes. Esta decisión surge en un contexto donde los privilegios de los parlamentarios, ya beneficiarios de salarios elevados, están en el punto de mira público.
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El 29 de diciembre de 2023, en un momento donde la ira ciudadana se avivaba por el ingreso de familiares de los diputados en la institución sin proceso de selección, se firmaba este contrato. El presidente de la Cámara, Raúl Latorre, garantizaba así un seguro médico de alta gama para los empleados de la institución, en un período marcado por controversias y debates sobre la ética en la política.
El proceso de licitación, iniciado el 24 de noviembre de 2023, culminó poco más de un mes después, con la adjudicación del contrato a Asismed SA. Sin embargo, hay opacidad en cuanto a los detalles del contrato, y no se clarifica si los 80 diputados están incluidos o no. Lo que sí es seguro es que el beneficio se extiende a los parientes colocados en posiciones de confianza.
La adjudicación del contrato establece que entre 750 y 1.499 personas podrían beneficiarse de este seguro, con un costo estimado entre G. 7.650.000.000 y G. 15.289.800.000. Asismed SA, la empresa proveedora, es representada por Ricardo Doria Cortés, Ramón Doria Cortés y Miguel Figueredo Caniza. Curiosamente, Asismed fue la única empresa que se presentó a esta licitación.
El seguro no solo abarca a los empleados directos, sino que se extiende a sus familiares. La cobertura incluye a los titulares, cónyuges, hijos menores de 20 años o bajo tutela, y otros parientes como adherentes. Los titulares pueden incluso optar por incluir a padres o suegros, con un costo del 75% del contrato por persona. Además, los hermanos y los hijos mayores de 20 años pueden acceder al seguro con un 50% del costo.
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Los beneficios de este seguro son amplios, garantizando cobertura total e inmediata, incluyendo internaciones en sanatorios de alta complejidad, así como servicios de urgencia y emergencia las 24 horas. Todo esto, en un contexto donde el gasto estatal y las decisiones políticas están bajo escrutinio público.
En la Cámara de Diputados, el número de asesores asciende a 532, según el portal de datos públicos del Ministerio de Economía. Estos asesores, junto con los demás empleados, representan un gasto mensual de unos G. 4.200 millones. Con un total de 3.425 personas asignadas a la Cámara, incluyendo funcionarios permanentes, contratados y comisionados, el impacto económico y la repercusión de estas decisiones de gasto continúan siendo un tema de discusión en la esfera pública.
Fuente: ABC Color
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