El contralor general Camilo Benítez. Foto: Contraloría.
La Contraloría General de la República emitió un fuerte informe donde advirtió sobre altos riesgos en el manejo de la deuda pública, el IPS, el transporte, el plan Tekoporã y la alimentación escolar por parte del Gobierno de Santiago Peña.
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El documento fue publicado tras la promulgación de la mutilada ley de conflicto de intereses, lo que marca distancia entre el presidente de la Contraloría, Camilo Benítez, y el Poder Ejecutivo.
En el informe se señalan seis puntos críticos que Peña debe atender para dar institucionalidad a su gestión. Entre ellos aparece la ineficiencia en la compra de medicamentos y la falta de fiscalización en la entrega del subsidio Tekoporã.
También se menciona la mala distribución de alimentos en las escuelas, un tema que el propio mandatario había prometido mejorar.
La publicación del reporte se produce después de que Peña promulgara la reforma a la ley de conflicto de intereses, que eliminó sanciones y anuló la declaración jurada de familiares en la función pública, entre otros puntos.
Esto marcó distancia entre Peña y Benítez, quien había manifestado voluntad de trabajar de forma conjunta con el Gobierno en políticas anticorrupción. Incluso respaldó la idea de eliminar la Senac.
Pero el panorama cambió cuando el presidente vetó un proyecto que situaba a la Contraloría como único órgano receptor de rendición de cuentas, en favor del Tribunal de Cuentas.
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Históricamente, los políticos evadieron el control de la Contraloría sobre entes como el TSJE o el IPS apelando a la inconstitucionalidad.
El informe reciente se interpreta como un mensaje de Benítez al Ejecutivo tras el nuevo distanciamiento. La posibilidad de un plan anticorrupción unificado entre ambos ahora se ve más lejana.
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