Foto: El Nacional.
La administración del presidente Santiago Peña fue objeto de críticas recientes, particularmente por su relación complaciente con Cetrapam, el gremio de transportistas y propietario de una de las operadoras del sistema de billetaje electrónico (tarjeta Jaha). Esta actitud, sumada a la falta de transparencia en la gestión, resultó en perjuicio para los usuarios del transporte público.
Peña, al asumir la Presidencia, prometió que su mandato se caracterizaría por una gestión transparente y que el transporte público sería una prioridad. Sin embargo, a pesar de cuatro meses en el cargo, no se observaron mejoras en este sector.
La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) expresó su descontento por no tener representación en los Consejos Ad Hoc y de Tarifa Técnica, donde se analizan aspectos cruciales relacionados con el precio del pasaje y la implementación del cobro electrónico. Estos consejos, creados por leyes y decretos, estuvieron rodeados de denuncias por negociaciones opacas con los transportistas sobre temas de interés nacional.
Maurio Maluff, portavoz de Opama, explicó que la participación de los usuarios en estos espacios permitiría tener un conocimiento directo de las acciones gubernamentales e influir en las decisiones y políticas públicas para mejorar el servicio de transporte. “Las decisiones se están tomando sin considerar a los pasajeros, y esto les resulta perjudicial”, señaló Malulff.
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Además, Maluff indicó que numerosos estudiantes no recibieron su tarjeta de billetaje durante todo el año 2023, forzándolos a pagar la tarifa completa a pesar de tener derecho a media tarifa según la ley correspondiente.
Por otro lado, el ministro de Educación, Luis Ramírez, realizó declaraciones que apuntan a un subsidio de 6.000 tarjetas para alumnos, mientras funcionarios de la institución negaron haber realizado dicho pago.
La situación cambió cuando se descubrió que el Gobierno cedió ante las demandas de las operadoras de billetaje, obligadas a emitir la primera tarjeta gratuitamente. Al respecto, el viceministro de Transporte, Guido Benza, no emitió comentarios.
Es importante recordar que las operadoras del billetaje son Epas (tarjeta Jaha) y TPD (tarjeta Más), pertenecientes a Cetrapam y Álvaro Wamosy, respectivamente.
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Jorge Rolón Luna, abogado y asesor de Opama, criticó el incumplimiento contractual que nuevamente beneficia a los transportistas. “Esta situación confirma que el sector transporte sigue siendo controlado por los transportistas, sin un control efectivo por parte del Estado”, observó.
“En mi opinión, el problema radica en que el Ministerio de Transporte carece de autoridad para hacer cumplir la ley a los empresarios, mientras que estos tienen influencia suficiente para evadir sus obligaciones legales y lograr sus demandas ante el Gobierno”, cuestionó.
Maluff y Rolón Luna coincidieron en que la inacción del presidente Santiago Peña solo agrava la situación de los pasajeros.
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Por su parte, el diputado Raúl Benítez (PEN) informó que solicitó informes al Viceministerio de Transporte (VMT), dirigido por Guido Benza, y a la Municipalidad de Asunción, cuyo intendente es Óscar “Nenecho” Rodríguez, sin recibir respuesta. Benítez buscaba información sobre la calidad del servicio de transporte en el Área Metropolitana de Asunción y criticó la falta de coordinación entre el gobierno central y la municipalidad, incluso cuando ambas autoridades pertenecen al oficialismo.
Además, destacó que el exviceministro de Transporte, Pedro Britos, actualmente representa al consorcio Parxin, encargado del cobro por estacionamiento. “Parece que, en lugar de mejorar el transporte público, se incentivó a la gente a utilizar vehículos propios para luego cobrarles por estacionamiento”, señaló.
Fuente: ABC.
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