El presidente Santiago Peña. Foto: Presidencia de la República
La recién promulgada ley de conflicto de intereses por el presidente Santiago Peña, que aguarda su publicación para entrar en vigor, ha sido objeto de críticas por su adaptación a los intereses del sector cartista del Partido Colorado.
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Pese a las solicitudes de veto, Peña optó por no confrontar con el sector político que lo respalda. La ley, que originalmente buscaba regular las relaciones entre los sectores público y privado, ha sufrido modificaciones significativas en el Senado, principalmente a favor del grupo político liderado por Horacio Cartes.
Entre las principales controversias de la ley modificada está la eliminación de la prohibición de la puerta giratoria, una práctica común en el gobierno de Peña, especialmente entre los ministros provenientes de empresas vinculadas a Cartes. Además, se eliminaron sanciones por incumplimiento y la obligación de declarar familiares en el sector público, debilitando la ley.
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El dilema de Peña entre vetar la ley o promulgarla implicaba enfrentarse a distintos sectores de apoyo político y económico, incluyendo miembros de su propio gabinete.
El proyecto original, impulsado durante la administración de Mario Abdo, pretendía combatir el enriquecimiento mediante el uso de información privilegiada del Estado, como se acusa a Cartes.
La promulgación de la ley, según el abogado Manuel Riera, conlleva un costo político para Peña y lo distancia del contralor Camilo Benítez, quien mostró su desacuerdo con las modificaciones. La Contraloría ha extendido el plazo hasta el 30 de abril para presentar declaraciones juradas de intereses debido a los cambios.
La senadora Kattya González criticó la pérdida de esencia de la ley, apuntando a Cartes por su crecimiento empresarial durante su mandato.
La ley actual, que sancionaba tanto el nepotismo como las puertas giratorias, ha sido reemplazada por una nueva versión, adaptada por Honor Colorado y sancionada por el Congreso el 13 de diciembre.
La nueva legislación ha generado un intenso debate en el ámbito político paraguayo, evidenciando tensiones entre la ética pública y los intereses partidarios, y planteando interrogantes sobre la eficacia y la integridad de la nueva normativa en el contexto de la política nacional.
Fuente: LPO
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