Las oficinas parlamentarias, implementadas para estar más cerca de los ciudadanos, son utilizadas por los legisladores para posicionar a sus operadores políticos en varias zonas del país, con 13 “sucursales” de la Cámara de Diputados en funcionamiento.
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Establecida hace dos décadas, esta práctica se ha mantenido en el actual periodo parlamentario. Las oficinas se distribuyen en 13 de los 17 departamentos, con los salarios del personal teóricamente asignado a estas oficinas cubiertos por el presupuesto de la Cámara de Diputados.
A pesar de que se destinan unos 350 funcionarios para trabajar en estas oficinas, investigaciones han mostrado poca o nula actividad en la mayoría de ellas. Por ejemplo, la oficina del diputado Emilio Pavón se encuentra en la Junta Departamental de Concepción sin mostrar actividad significativa.
Las oficinas en otros departamentos, como Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná, también han sido establecidas en sedes gubernamentales, a menudo utilizadas por diputados específicos y sus allegados políticos.
En el departamento Central, cinco funcionarios están disponibles para los diputados en la sede de la gobernación, similar a lo que sucede en Canindeyú, Ñeembucú y otros departamentos, lo que genera cuestionamientos sobre la verdadera utilidad de estas oficinas para el servicio público.
Aunque no existe una ley que regule específicamente estas oficinas, han sido habilitadas con la autorización del presidente de la Cámara Baja, a pesar de que han existido proyectos de ley desde 2003 que intentaron crearlas formalmente, pero que fueron archivados.
En la presidencia de @DiputadosPy se firmó un convenio de cooperación entre el órgano legislativo, presidido por el diputado @raulatorre, y la intendencia municipal de San Pedro del Paraná (Itapúa), representada por su intendente, Nelson Álvarez Vera.
https://t.co/H9K7MaCi0B— TV CÁMARA (@tvcamarapy) October 27, 2023
La función de estas oficinas parlamentarias y su verdadera contribución al servicio público se ha convertido en un tema de debate, con críticas sobre la transparencia y la eficacia en el uso de recursos públicos para fines políticos.
Fuente: ABC Color
