El presidente Santiago Peña intentó justificar los casos de nepotismo en el Poder Legislativo que escandalizan a la ciudadanía. Foto: Gustavo Machado
En el panorama político de Paraguay, el nepotismo ha sido catalogado por el presidente Santiago Peña como una cuestión meramente ética y moral, desatendiendo las disposiciones legales vigentes. Esta postura ha generado una ola de críticas, puesto que actualmente existen al menos tres leyes que prohíben expresamente esta práctica en el ámbito gubernamental.
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Durante una reciente declaración, el mandatario insinuó que, a pesar de las prohibiciones establecidas en leyes como la Nº 1626/2000 de la Función Pública, la Nº 6622 de racionalización del gasto público, y la Nº 5295/2014 contra el nepotismo, aún se requieren “más reglas” para abordar efectivamente esta problemática.Unite a nuestro canal de WhatsApp
Peña sostiene que los escándalos de nepotismo, ilustrados por los casos de “nepobabies”, son reprochables desde un punto de vista ético y moral, pero no necesariamente desde una perspectiva legal.
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Esta perspectiva es cuestionada, especialmente en el contexto de recientes revelaciones, como la designación de Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente Pedro Alliana, en un cargo lucrativo sin las calificaciones necesarias. Dicha situación ha provocado indignación pública y cuestionamientos sobre la integridad de los procedimientos de contratación en el gobierno.
Peña, enfrentando estas críticas, ha hecho hincapié en la necesidad de una ley del Servicio Civil más robusta, argumentando que la ausencia de regulaciones claras es la raíz del problema. No obstante, sus declaraciones han sido percibidas como una evasión a la responsabilidad de hacer cumplir las leyes ya existentes.
La situación se complica aún más con la ley Nº 7089/2023, que establece un régimen para prevenir y sancionar conflictos de intereses en la función pública. Esta ley, actualmente en proceso de ser reformada, podría ser clave en la lucha contra el nepotismo. Sin embargo, el presidente Peña tiene la decisión final sobre su promulgación o veto.
Este dilema legal y ético pone de manifiesto la compleja interacción entre la moralidad personal y la obligación legal en la gestión pública. Mientras el presidente Peña considera el nepotismo como un problema principalmente ético, la ciudadanía y los observadores políticos insisten en la importancia de adherirse a la legislación vigente para combatir esta práctica nociva en la administración pública.
Fuente: ABC Color
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