Santiago Peña. Gentileza.
El presidente Santiago Peña aún no se pronuncia sobre la controvertida ley recientemente aprobada que modifica más de 20 artículos de la normativa vigente contra el conflicto de intereses en la función pública. Cuenta con un plazo de 20 días hábiles para decidir si la veta o promulga.
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Entre los cambios introducidos, se elimina la obligación de declarar vínculos familiares en cargos estatales que puedan estar vinculados a negociados. Además, se garantiza la impunidad en caso de incumplir con las disposiciones de la ley.
Varios grupos de la sociedad civil y los legisladores de la oposición Kattya González y Raúl Benítez solicitaron al Ejecutivo que vete esta versión “recortada” de la legislación anticorrupción, al considerar que atenta contra la transparencia y propicia los conflictos de interés.
Cabe recordar que el propio Peña encarna la figura de “puerta giratoria” al pasar de altos cargos empresariales a la Presidencia. Situación similar se da con varios de sus ministros. Esta ley precisamente deroga el capítulo dedicado a penalizar este tipo de casos.
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La Contraloría General de la República (CGR) había dispuesto la extensión del plazo para la presentación de declaraciones juradas de intereses hasta fines de abril. Pero esto no resultaría aplicable a los funcionarios que asumen o dejan el cargo durante este período.
De darse la promulgación automática por silencio del Poder Ejecutivo, la nueva legislación flexibilizaría los controles sobre posibles casos de corrupción o tráfico de influencias dentro del Gobierno.
Queda por verse si Peña decide oponer su veto a la norma impulsada por el Congreso, en línea con los cuestionamientos que vienen recibiendo desde múltiples sectores de la sociedad civil y la oposición política.
Fuente: ABC Color
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