El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley 7228, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2024.
La ley establece un presupuesto de G. 116.5 billones (aproximadamente USD 15.827 millones), un incremento significativo en comparación con el presupuesto inicial del 2023, que representa un aumento del 11%.
Este incremento generó un debate público, particularmente en relación con la inclusión de fondos destinados a los denominados “nepobabies”.
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Este término, acuñado en las redes sociales, hace referencia a los familiares de políticos que son contratados en cargos públicos, una práctica que fue objeto de críticas por considerarse una forma de nepotismo. La preocupación se centra en que una parte considerable del presupuesto aprobado pueda estar destinada a cubrir estos cuestionables nombramientos.
El Presupuesto General de 2024 contempla aumentos significativos en varias áreas. Entre ellos, G. 11.000 millones adicionales para los partidos políticos, G. 4.000 millones para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), y G. 20.000 millones para el Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI).
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Además, se asignaron fondos adicionales para el Ministerio de la Mujer y un aumento de G. 18.000 millones para la Universidad Nacional de Asunción (UNA), destinados principalmente al Hospital de Clínicas y a institutos de investigación.
Promulgué la Ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2024, fruto del trabajo conjunto con el Congreso Nacional. En este año que iniciará, invito a todos a renovar el compromiso de trabajar unidos para llevar al país hacia adelante.… pic.twitter.com/zhPxo5R4eM
— Santiago Peña (@SantiPenap) December 29, 2023
Sin embargo, en las redes sociales, la conversación se centró en el escándalo del nepotismo. Usuarios como Rodrigo Sosa y Juan Manuel expresaron su preocupación sobre la inclusión de los salarios de los “nepobabies” en el presupuesto y la necesidad de asignar más recursos a sectores clave como la educación y la salud.
Estos comentarios reflejan un sentimiento de decepción con respecto a las prioridades del Gobierno y una demanda por una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
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El debate en las redes sociales subraya la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas en la gestión del presupuesto estatal. Los ciudadanos exigen que los fondos públicos se destinen a mejorar los servicios esenciales y fomentar el desarrollo sostenible, en lugar de perpetuar prácticas de nepotismo y corrupción.
Fuente: ABC.
